TOPICOS FISCALES

Revista Opciones Legales Fiscales

2011-11-04T12:34:00.000-07:00

Ya esta a la venta la edicion de Noviembre de la revista enciclopedica tributaria Opciones Legales-Fiscales, donde podran encontrar articulos escritos por colaboradores de este blog.

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En marcha la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

2011-09-07T12:10:00.000-07:00

El pasado jueves 1 de Septiembre, inició operaciones la Procuraduría de la defensa del Contribuyente (PRODECO), con 58 colaboradores entre abogados y contadores, únicamente en oficinas ubicadas en la ciudad de México.

Este organismo, encabezado por la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, tiene como finalidad, (según el artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones.

Entre las múltiples facultades que se contemplan en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se encuentra la de representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, hasta su total resolución; sin embargo esos servicios se proporcionarán únicamente cuando el monto del asunto no exceda de treinta veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año, es decir poco más de $600,000.00 M.N. suma que parece ser bastante incluyente.

Otras de las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente son:

• Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales;

• Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades;

• Imponer las multas en los supuestos y montos que en esta Ley se establecen;

• Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales;

• Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

• Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria;

• Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, para formularle sugerencias respecto de sus actividades.

• Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.

La estructura de la Procuraduría es la siguiente:

I. Procurador de la Defensa del Contribuyente;

II. Órgano de Gobierno de la Procuraduría;

III. Delegados Regionales

IV. Asesores jurídicos.

En cuanto a la función de la Procuraduría de recibir las quejas de los contribuyentes en contra de autoridades y/o servidores públicos, cabe aclarar que en caso de ser fundada la queja y de que la PRODECO emita una recomendación, la misma no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.

Las sanciones que se contemplan en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la defensa del Contribuyente, para servidores públicos y autoridades fiscales, son multas que van desde cinco días salario mínimo vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes (alrededor de $8,250.00 M.N.) hasta treinta salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes (alrededor de $49,500.00 M.N.) o, en su caso, la responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

En teoría este organismo autónomo, pretende brindarle apoyo al contribuyente que bastante falta hace en estos tiempos de inseguridad jurídica que se vive en México en materia de contribuciones, sin embargo me parece que lo ideal sería una simplificación del sistema fiscal mexicano, darle permanencia a las disposiciones y sobre todo seguridad jurídica a los contribuyentes, respetando en todo momento sus garantías, para que entonces la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pueda llevar a cabo una labor eficaz.

Para quienes estén interesados en abundar un poco más sobre el tema, presento los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

Lic. Denisse Melisa Cervantes Bernal

Amaya, Sánchez y Asociados , S.C.
Asociada

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICION DE COMPROBANTES FISCALES

2011-09-01T09:24:00.000-07:00

La facultad de comprobación de la autoridad fiscal sirve para poder verificar si lo declarado por los contribuyentes por concepto de contribuciones a su cargo son las correctas o bien para cerciorarse del debido cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de ellos.

Dicha facultad de comprobación se encuentra regulada en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 42, mismo que plasma las diversas formas de comprobación fiscal.

Art. 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para…

Entre las facultades que establece el artículo 42 del Código Fiscal, podemos encontrar en su fracción V, la facultad para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

Dicha facultad puede realizarse tanto en el domicilio fiscal como en cualquier otra sucursal, y esta comienza con la entrega de la orden de verificación al visitado, representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Como puede apreciarse en este tipo de visita no se cumple con los requisitos establecidos para la visita domiciliaria, como es el caso de dejar citatorio para la espera del día posterior al contribuyente o su representante legal, esta facultad como ya se expreso puede llevarse a cabo con cualquier persona que se encuentre al frente del establecimiento.

Sin embargo, sí debe de cumplir con los demás requisitos, como es la identificación de los visitadores, esta identificación se hará ante el visitado o la persona que se encuentre al frente del establecimiento, generalmente con oficio de identificación girado por la misma autoridad; Administración Local de Auditoría Fiscal, la cual debe de contener fotografía del visitador, la firma de quien emite la identificación, el puesto de visitador así como la fecha de su expedición y vigencia.

Después de la identificación de los visitadores, se le hace del conocimiento del visitado o persona que atiende la diligencia de que puede nombrar a dos testigos, o que en su defecto los testigos serán señalados por los visitadores; el hecho de que los visitadores designen a los testigos no invalida la resolución de inspección.

Como en toda visita domiciliaria se debe de levantar un acta que circunstancie los hechos u omisiones del conocimiento de los visitadores, así como cualquier irregularidad detectada en la inspección.

Procedimiento de la visita. Para levantar el acta tendiente a verificar la expedición de los comprobantes fiscales, los visitadores acuden con algún cliente del establecimiento a efecto de cerciorarse si el visitado le otorgo algún recibo y en caso de haberlo hecho se cercioran de que este haya cumplido con todos los requisitos fiscales contemplados en la ley. Al finalizar de levantar el acta esta debe ser firmada por los visitadores, con quienes se atendió la diligencia y por los testigos.

Cuando el visitado o alguno de los testigos se niegue a firmar el acta o en su caso a recibir la copia de la misma, esto se hará constar en el acta respectiva a efecto de que no afecte su validez y valor probatorio.

Si con motivo de la visita domiciliaria las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

Dicha resolución deberá emitirse en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo para la presentación de pruebas y formulación de alegatos.

Lic. Gabriela Reyes Hermosillo

Amaya, Sánchez y Asociados , S.C.
Asociada

La autoridad y la debida fundamentacion.

2011-08-25T17:09:00.000-07:00

La fundamentación es una garantía que consagra nuestra Carta Magna, en el artículo 16 de nuestra CPEUM, en su parte conducente, literalmente regula:

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento....“

De lo anterior se desprende que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo.

Aunado a lo anterior podemos concluir que la Autoridad fiscal se encuentra obligada a señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que dan lugar a que la autoridad administrativa actué en la forma en que lo realiza, por lo que, consigna la obligación de las autoridades hacendarias de fundar correctamente sus actuaciones, debiendo indicar con precisión el cuerpo normativo en que se apoyan, es decir, la ley que les otorga la potestad que ejercen, así como los artículos, fracciones y, en su caso, incisos o subincisos de la misma y que resultan aplicables al caso específico, siendo específicos de manera que a quien se le aplique una norma, ley, reglamento o cualquier norma jurídica, y aun y cuando algunos aseguran que con mencionar de manera general los preceptos aplicables a los gobernantes o contribuyentes se cumple con la garantía de la debida fundamentación, lo correcto es que la Autoridad sea lo mas especifica al momento de fundamentar un acto, o alguna resolución, determinación de algún crédito, de manera que no exista inseguridad jurídica y que no exista duda alguna de que la norma en la cual se aplica.

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores la debida fundamentación por parte de la Autoridad es de suma importancia, pues de la fundamentación emanan los actos de la Autoridad, y si hay ausencia o error en la fundamentación, por ende la resolución o acto aplicado a los gobernados o contribuyentes dejara en estado de inseguridad jurídica, siendo esto contrario a Derecho.

Lic. Claudia Luz Rios Sánchez
Amaya, Sánchez y Asociados , S.C.
Asociada

Está en puerta férrea Ley Antilavado

2010-08-19T14:01:00.000-07:00

Por: Jorge Monroy.
Fuente: El Economista.

El presidente Felipe Calderón tiene listo un plan de inteligencia financiera que propondrá al Congreso, con el que busca convertir a la Secretaría de Hacienda en la tutelar del rastreo de negocios, ingresos, vehículos, casas, joyas y cualquier fuente de ingresos y financiamiento de los grupos del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

La propuesta contiene la mayoría de las 40 recomendaciones que sugirió a México desde el 2008 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La iniciativa presidencial, de la que El Economista tiene una copia, plantea crear la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con la que la SHCP tendría facultades incluso para disponer de las fuerzas policiacas cuando lo requiera.

Considera sujetos obligados de proporcionar reportes a la autoridad sobre sus operaciones al grupo gatekeper, integrado por fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, y quienes se dedican a la compra-venta de vehículos, casas, joyas, entre otros.

Permitiría que los gobernadores, presidentes municipales y cualquier funcionario o ciudadano pueda reportar a la autoridad actividades económicas sospechosas. Ordena que toda la información recibida sea manejada con alto grado de confidencialidad para evitar poner en peligro a los informantes.

Quedarían prohibidas las transacciones en efectivo igual o mayor a 100,000 pesos (aunque sí podrían realizarse transferencias bancarias) por concepto de la transmisión de bienes inmuebles o constitución de derechos sobre vehículos terrestres o marítimos, nuevos o usados, joyería, metales preciosos y obras de arte; adquisición de boletos para participar en juegos de apuesta o sorteos, y blindaje en vehículos.

“Los reportes que se presenten no podrán ser utilizados como pruebas ni como indicios de la probable comisión de un delito”, precisa el documento.

Se facultaría a la SHCP para interponer denuncias, previas o penales, ante el Ministerio Público, “cuando identifique hechos que puedan constituir delitos”.

De esa forma, la Secretaría de Hacienda, la PGR y la Policía Federal estarían autorizados para analizar y detener aquellas operaciones relacionadas, como los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como solicitar, recibir, conocer y acceder a la información de los sujetos obligados, y para acceder a la información sobre identificaciones oficiales que obre en poder de las autoridades federales, locales y municipales, así como de los órganos constitucionales autónomos.

La Secretaría de Hacienda tendría la facultad para realizar visitas de verificación a las personas o lugares que sean sospechosos de operar con recursos de procedencia ilícita. En el caso de los bancos, las visitas serían por parte de la CNBV, la Consar o el SAT.

“La Secretaría para el ejercicio de las facultades que le confieren la presente ley, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran. Los mandos de la fuerza deberán proporcionar el auxilio solicitado”, destaca.

El gobierno federal actúa en contra de las bandas delictivas

En su mandato, el presidente Felipe Calderón Hinojosa comenzó una lucha frontal contra el dinero que proviene de actividades ilícitas. Próximamente presentará ante los legisladores reglas más estrictas para tratar de cerrar las puertas al lavado de dinero que se realiza en todo el territorio nacional.

La ruta legislativa:

El Presidente enviaría la iniciativa a la Comisión Permanente antes del 31 de agosto, o bien al Senado o a la Cámara de Diputados después del 1 de septiembre.

La propuesta puede ser canalizada a través de los legisladores panistas, como propuesta de ese partido político.

La iniciativa se analizaría en comisiones, se realizarían adecuaciones, presentada ante el pleno de cada una de las cámaras, la de Diputados y Senadores.

Para recordar

La última medida adoptada en México fue en el 2004 con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es parte de una estrategia integral para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Los senadores René Arce y Minerva Hernández dicen que la autoridad sólo ha ejercido 25 condenas desde la penalización del lavado de dinero en 1989.

La información más reciente destaca que durante el periodo 2004–2007, la SHCP realizó 149 acusaciones, sólo dos se relacionaron con los informes de inteligencia financiera. En México no existen estimaciones oficiales del lavado de dinero en el sistema financiero, aunque se calcula entre 25,000 y 35,000 millones de dólares anuales.

Medidas de hierro

Queda prohibido realizar operaciones en efectivo mayores a 100,000 pesos en las transmisiones de propiedades o constitución de derechos sobre vehículos.

Se incluye el pago de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, joyería, metales preciosos, así como obras de arte.

No se podrán comprar en efectivo piedras preciosas por un valor mayor a 100,000 pesos.

Se pagará con cheque el blindaje de autos y bienes inmuebles, así como la transmisión del dominio o constitución de derechos sobre títulos o acciones de empresas.

Los pagos superiores a 100,000 pesos se tendrán que hacer con cheques, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito o de servicios.

Se vigilarán operaciones de renta o venta de bienes o prestación de servicios, aportaciones a fideicomisos, aumentos o reducciones de capital de empresas mayores a 100,000 pesos así como acuerdos tomados fuera de asambleas y cambios de socios o accionistas.

También estarán bajo la lupa los donativos de cualquier especie que reciban por un valor igual o superior a los 100,000 pesos o su equivalente en divisas.

Se reportará a las autoridades la comercialización de tarjetas prepagadas no bancarias y de cheques de viajero; la transmisión de la propiedad, otorgamiento de créditos o préstamos para la compra de metales y piedras preciosas, joyas o relojes.

A quiénes involucra

Personas que realizan sorteos o juegos con apuestas, así como los organismos públicos que los organicen. Aplica en el pago de premios y compra-venta de boletos.

Las personas diversas a las entidades financieras que emitan o comercialicen tarjetas de servicios, crédito o tarjetas prepagadas.

Las personas que realicen operaciones de garantía prendaria, o que otorguen préstamos, así como las casas de empeño.

Los que se dediquen a la promoción y desarrollo de inmuebles o intermediación de la compra-venta y renta de inmuebles.

Las personas que se dediquen a la compra-venta de metales preciosos, piedras preciosas o relojes.

Las personas que se dediquen a la venta o renta de vehículos.

Las personas que hagan servicio de blindaje de vehículos e inmuebles.

Aquellos que se dediquen a la compra-venta o subasta de obras de arte.

Los que se dediquen al traslado y custodia de dinero o valores.

Los profesionales en materias contable, jurídica, fiscal o financiera que presten sus servicios de forma independiente en actividades como el diseño o planeación de proyectos de inversión o ejecución de desarrollos inmobiliarios; auditorías, contabilidades externas o dictaminaciones fiscales, entre otros.

Los fedatarios públicos.

Sanciones y multas

Multa equivalente a 200 y hasta 3,000 días de salario mínimo en el DF a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos de la SHCP e incumplan con las obligaciones.

Se aplicará multa de 3,000 y hasta 15,000 días de salario mínimo a quienes incumplan con las obligaciones de recabar y resguardar información o evitar la destrucción de la documentación que soporte el ejercicio de la ley.

Se aplicará multa de 15,000 y hasta 100,000 días de salario mínimo, o de 10 a 100% del valor de la operación a quienes incumplan con la identificación de los clientes y usuarios.

Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días multa conforme al Código Penal Federal, a quien no dé fe pública de operaciones mayores de 100,000 pesos. Cuando el monto sea mayor a 1 millón de pesos, la sanción se duplicará.

Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días para el caso de operaciones mayores a 300,000 pesos.

Se sancionará con prisión de cinco a 15 años y multa de 1,000 a 5,000 días a quien dolosamente proporcione información falsa.

Se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de 500 a 2,000 días de multa a servidores públicos que indebidamente utilicen la información; la misma sanción aplica para los sujetos obligados que informen a los involucrados que son objeto de investigación.

Criterio de la SCJN con respecto al calculo de pensiones (ANADE)

2010-07-22T11:44:00.000-07:00

ANUNCIA LA SHCP MEDIDAS PARA REGULARIZAR LA ENTRADA DE DOLARES EN EFECTIVO AL SISTEMA BANCARIO MEXICANO

2010-06-16T11:04:00.000-07:00

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer medidas para regularizar las políticas de aceptación de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias.

• Con estas disposiciones se restablecerán las compras de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias bajo parámetros que permitan satisfacer la demanda derivada de diversos sectores de la economía.

• Se implementarán medidas complementarias para adecuar la infraestructura bancaria existente, en particular en la franja fronteriza norte y zonas turísticas, para asegurar la atención adecuada al posible incremento en la demanda de intercambio de dólares por pesos en efectivo.

El Gobierno Federal informa que se han diseñado una serie de medidas con el objetivo de que las actividades económicas, formales y lícitas, que emplean dólares en efectivo para su operación puedan llevar a cabo el intercambio de esta divisa por pesos en el sistema bancario de manera normal, cerrando simultáneamente el paso a recursos ilícitos.

En los últimos años, las instituciones bancarias han recibido cantidades importantes de dólares en efectivo generándoles excedentes cuya procedencia es difícil de identificar.

Con estos antecedentes y como complemento a una serie de acciones que desde hace varios años se han venido implementando, el Gobierno Federal diseñó un conjunto de medidas que regularizan las políticas de aceptación de dólares en efectivo de las instituciones bancarias que operan en territorio nacional.

Las medidas regulatorias que a continuación se detallan son aplicables sólo para las operaciones de compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias, recepciones de depósitos, pago de créditos y pago de servicios en dólares en efectivo. Dichas medidas prevén que:

• Las personas físicas que sean cuentahabientes de la institución podrán llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto total de $4,000 dólares mensuales.

• Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean residentes nacionales (usuarios nacionales), podrán llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto de $300 dólares diarios y $1,500 dólares acumulados por mes.

• Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean extranjeros (usuarios extranjeros), podrán cambiar dólares en efectivo a pesos en los bancos hasta por $1,500 dólares mensuales.

• Para el caso de personas morales, los bancos podrán realizar las operaciones señaladas sólo con aquellas que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, en cuyo caso el límite será de $7,000 dólares mensuales. Asimismo, se prevé un período de transición de 90 días después de la publicación de la regla a fin de que las personas morales tengan tiempo de adecuar su operación a los nuevos requerimientos.

Es importante mencionar que se mantienen sin restricción la venta de dólares por parte de las instituciones bancarias hacia el público en general, así como la compra y venta de dólares por cualquier medio distinto al efectivo.

Las medidas descritas permitirán:

a) Rehabilitar y normalizar la compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias a un nivel que satisfaga la demanda de intercambio de dólares por pesos derivada de los sectores económicos que dependen de esta divisa para su operación.

b) Reforzar las medidas contra el lavado de dinero, incluyendo el conocimiento, identificación y monitoreo de clientes, usuarios no-clientes de los bancos y de sus transacciones cambiarias.

Las medidas son adecuadas para alcanzar estos resultados dado que:

• Para personas físicas nacionales, el límite establecido es superior a los ingresos mensuales del 98% de los hogares mexicanos, por lo tanto, aun si el total de estos se recibiera en dólares, no habría restricciones para intercambiarlos por pesos.

• Para los no-cuentahabientes extranjeros (turistas), el límite máximo mensual de $1,500 dólares será suficiente para satisfacer las necesidades de cambio de divisa, dado que se estima que el gasto promedio de los turistas no fronterizos está entre $282 y $830 dólares por visita y sólo el 35% de este gasto se realiza con dólares en efectivo.

• Con respecto a las operaciones de remesas, más del 96% se realizan a través de transferencias electrónicas y se liquidan en pesos, por lo que no se verán afectadas por las medidas anteriores. Por otro lado, para aquellas remesas que sí se reciben en dólares en efectivo, los límites establecidos por la medida son muy superiores a la remesa promedio de $317 dólares.

Adicionalmente, las instituciones bancarias y las autoridades financieras se han comprometido a llevar a cabo adecuaciones a la infraestructura bancaria para facilitar el intercambio de dólares por pesos en efectivo en el país, en particular en las zonas turísticas y en la franja fronteriza norte. Estas adecuaciones se centran en cuatro líneas de acción:

• Se habilitarán ventanillas bancarias adicionales en los puertos de entrada, la franja fronteriza norte y en zonas turísticas para atender tanto a cuentahabientes como no-cuentahabientes que realicen operaciones con dólares en efectivo por debajo de los límites establecidos.

• Se expandirá en más del 12% la red nacional de cajeros automáticos antes del cierre de 2010, en particular en las zonas turísticas donde el uso de dólares en efectivo por turistas es intensivo.

• Se promoverá a través de descuentos y tarifas reducidas la terminalización de personas morales clave como los operadores turísticos y otros servicios en los puertos o las gasolineras de la frontera.

• Se habilitará a comercios y hoteles para funcionar como corresponsales bancarios para ofrecer servicios de intercambio de divisas.

Mediante estas medidas de regulación de las operaciones en dólares en efectivo, las autoridades financieras del país refrendan su compromiso con el desarrollo de un sistema financiero ordenado, en protección de los intereses de la economía en su conjunto y la población en general.

Tribunal acepta juicio de nulidad del SAT contra IFAI

2010-05-27T09:29:00.000-07:00

El 10 de marzo, el Instituto hizo pública la exigencia para presentar la lista de contribuyentes a los que se les canceló créditos fiscales por un total de 74 mil millones de pesos.

Ciudad de México

Miércoles 26 de mayo de 2010

José Manuel Arteaga

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) aceptó la demanda de juicio de nulidad que presentó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

El pasado 19 de mayo, el SAT presentó la demanda de nulidad al TFJFA para que se pronuncie sobre la legalidad de la resolución del IFAI, que pide revelar nombres de contribuyentes que tuvieron la cancelación de créditos fiscales en el 2007.

El SAT argumentó que dicha resolución atenta contra el derecho de los contribuyentes de mantener bajo reserva la información que proporcionan a la autoridad fiscal.

El TFJFA aceptó la demanda de juicio de nulidad, por lo que decretó la suspensión, informó esta noche el SAT.

"Lo que permite mantener las cosas en el estado en el que se encuentran en tanto dicho tribunal dicta una resolución definitiva", detalló el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda a cargo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El pasado 13 de abril, en un debate en la UNAM, el administrador general jurídico del SAT, Jesús Rojas Ibañez, aseguró que la autoridad no revelaría los nombres de los contribuyentes que fueron beneficiados con la cancelación de 74 mil millones de pesos en créditos fiscales, porque se violaría el secreto bancario.

"En materia de secreto fiscal hay una reserva absoluta que no se puede violentar", dijo entonces el funcionario.

Previamente, el 10 de marzo, el IFAI hizo pública la exigencia al SAT para presentar la lista de contribuyentes a los que se les canceló créditos fiscales por un total de 74 mil millones de pesos.

Esta noche, el SAT informó que el TFJFA es el especializado y competente para pronunciarse respecto de la legalidad de la resolución del IFAI.

informacion sobre el asunto en http://www.tff.gob.mx/bol/resBoletin2.asp?Expediente=11706%2F10%2D17%2D03%2D2

Feliz Dia del Contador Publico.

2010-05-25T13:14:00.000-07:00

Les desean un muy feliz dia del Contador Publico.

El profesionalismo y exelencia en la aplicacion de la materia se demuestra con el trabajo.

Darán cárcel por eludir fisco vía “outsourcing”

2010-05-24T13:17:00.000-07:00

Lunes 24 de mayo de 2010

José Manuel Arteaga
El Universal
jose.arteaga@eluniversal.com.mx

Todos los contribuyentes que utilizaron esquemas de outsourcing para aminorar el pago de impuestos si no se ponen al corriente enfrentarán sanciones que podrían llegar a la cárcel, advirtió el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La autoridad en México envió una serie de misivas a los contribuyentes que adoptaron esos esquemas, en donde les invita a hacer un análisis de su situación fiscal para que se corrijan.

En la carta, en poder de EL UNIVERSAL, expone que detectaron varios despachos de asesoría fiscal que han ofrecido a sus clientes “planeaciones fiscales agresivas” para simular operaciones con el único propósito de eliminar cargas tributarias.

“De las revisiones efectuadas por la autoridad a los despachos de asesoría fiscal, que ofrecen los esquemas indebidos de sustitución laboral, se detectó que usted ha utilizado sus servicios”, expuso el órgano a cargo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La carta exhorta a los contribuyentes a no hacer uso de esos esquemas fiscales.

Acusó que en la simulación de operaciones utilizada por empresas se han establecido sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, sociedades en comandita simple o sociedades civiles particulares para evadir el pago de impuestos.

Agregó que bajo esos esquemas de suministro de personal, “artificiosamente” se registra a los trabajadores como “supuestos socios”, con lo cual se les paga bajo el concepto de previsión social para evadir el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como las distintas contribuciones de seguridad social.

La carta girada por las Administraciones General de Auditoría Fiscal Federal y Central de Fiscalización Estratégica informó que tales actuaciones conllevan a la omisión en el pago de impuestos.

“Son contrarias a derecho y dan lugar a sanciones no sólo administrativas sino también de otra índole. Asimismo, se les exhorta a realizar un análisis de su situación fiscal y en su caso corregirla, ya que como ha sido demostrado, este esquema tiene el único propósito de dañar el interés de la sociedad y del fisco federal”, expuso el SAT.

En los argumentos del SAT se planteó que si del análisis realizado a su situación fiscal el contribuyente decide corregirse o ya lo hubiera hecho, deberá informarlo a la autoridad mediante el envío de un escrito en original y copia firmado por el contribuyente o su representante legal.

El contribuyente que recibe la carta tiene un plazo no mayor a 15 días hábiles para informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

“Se le hace saber que de no atender esta invitación dentro del plazo antes citado, esta autoridad fiscal procederá a ejercer sus facultades de comprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación”.

Se desecha la minuta de proyecto de decreto de reforma de amparos en materia fiscal.

2010-04-30T14:18:00.000-07:00

El dia 19 de Abril de 2010, se emitio el acuerdo mediante el cual Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a) a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en fecha 1° de abril de 2009, dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos.

En la minuta de referencia se establece primordialmente lo siguiente:

1. Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal, tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten.

2. Estos juicios serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Las sentencias que se emitan en los juicios de amparo citados, deberán ser aprobadas por cuando menos de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal

4. En caso de no lograrse la votación referida, se desestimarán los argumentos materia del juicio y dichos argumentos no podrán ser revisados sino por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos y plazos que determine la Ley.

5. La obligación para el Congreso de la Unión de expedir en un plazo no mayor a 6 meses, las reformas a la Ley de Amparo, necesarias para la correcta aplicación del presente Decreto.

6. Las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de la publicación de un extracto de las mismas en los términos que señale la ley reglamentaria, dejarán sin efecto, en adelante, aquellas sentencias de amparo dictadas previamente y que se contrapongan a las mismas.

7. No procederá el otorgamiento de suspensiones provisionales ni definitivas en los juicios de amparo con efectos generales. Las suspensiones provisionales o definitivas decretadas por un Juzgado de Distrito en los juicios que se encuentren en trámite, serán revocadas por el Juez que las haya otorgado.

8. Lo anterior se propone en lo siguientes términos:

“Artículo 107. ...

I. a VI. ...

VII....

a) Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal, tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y condiciones que señale la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Estos juicios serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las sentencias que se emitan en los juicios de amparo a que se refiere esta fracción deberán ser aprobadas por cuando menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal y, en caso de no lograrse tal votación, se desestimarán los argumentos materia del juicio. En este último caso, dichos argumentos no podrán ser revisados sino por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos y plazos que determine la Ley.

La declaración de inconstitucionalidad a la que se refiere este inciso no tendrá efectos retroactivos.

VIII. a XVIII. ...”

Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos emitieron dicho acuerdo en base a las siguientes consideraciones:

"No comparten la propuesta aprobada por la Colegisladora de adicionar un inciso a) a la fracción VII del artículo 107 constitucional en los términos descritos en el apartado que antecede, toda vez que lejos de constituirse como en una medida que tenga por objeto “lograr un equilibrio entre la permanencia de las garantías individuales en materia tributaria y la necesidad impostergable de contar con una vía más democrática, equitativa y expedita para lograr su protección; actualizando y fortaleciendo, en beneficio de todos los ciudadanos, el proceso del juicio de amparo en materia fiscal”, como se expresa en el dictamen aprobado el 31 de marzo de 2009, por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la misma es una propuesta que atenta flagrantemente los derechos fundamentales de los contribuyentes, como se desarrolla en las consideraciones siguientes.

Juicio en instancia única y votación calificada.

La reforma prevé que los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal, serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberán ser aprobados por cuando menos ocho votos para declararse la inconstitucionalidad.

En relación con la presente consideración, estas comisiones dictaminadoras, estiman que la propuesta en análisis presenta los siguientes inconvenientes para el gobernado:

1.- Actualmente, la jurisprudencia se gesta a partir del estudio de cinco casos en los cuales se pueden expresar argumentaciones distintas, lo que al final da lugar a una resolución más analizada, en virtud de que se le permite a la Corte conocer varios puntos de vista de los litigantes.

La reforma constitucional en análisis, por su parte, pretende desconocer el sistema de la jurisprudencia, ya que con una sola sentencia se pretende resolver sobre la constitucionalidad de una determinada ley, lo que estas comisiones consideran lesiona de manera grave el sistema de impartición de justicia en México, con el consecuente perjuicio de los contribuyentes, toda vez que el curso de miles de demandas de garantías estarían definidas por una sola resolución, independientemente de que hagan valer argumentos distintos en otras demandas de amparo.

Asimismo, resulta conveniente manifestar que la propuesta de reforma constitucional pasa por alto que los recursos tienen una razón de ser en el ámbito jurídico y, ésta es, que la actividad jurisdiccional se encuentra innegablemente afectada por la condición del error humano, por lo que atendiendo a ello, los ordenamientos procesales establecen la posibilidad de recurrir a diversas instancias jurídicas, a efecto de que sean revisadas por distintos juzgadores, garantizándose así un mayor nivel de certeza en cuanto a la toma de decisiones.

Por otra parte, resulta importante comentar que del propio texto de la propuesta en estudio, se desprende que sería el primer asunto en presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, el que definiría el destino de todos los subsecuentes, con independencia de que como se ha expresado con antelación otros juicios de amparo interpuestos expusieran argumentaciones distintas.

En dicho entendido, estas comisiones unidas no comparten la propuesta descrita, ya que la misma merma las
oportunidades de defensa que actualmente tienen los contribuyentes, por lo que no la aprueban.

Por otra parte, se desprende de la redacción del artículo en análisis, que al sustanciarse dentro de un solo juicio, ante una sola instancia (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y en una misma sentencia, el juez federal es reducido a un mero secretario tramitador del juicio, privándosele así de sus facultades jurisdiccionales actuales para dictar sentencias, en virtud de las cuales puede decretar la inconstitucionalidad de leyes, utilizando un criterio propio y con apoyo de las constancias que en cada caso estudie, lo que no se comparte por parte de estas comisiones dictaminadoras.

2.- Son once los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que de no alcanzarse la votación calificada, se tendrá como efecto la validación de la constitucionalidad de la norma y cualquier impugnación posterior contra el mismo precepto será improcedente.

En ese entendido, es de resaltarse que al gobernado se le exigen obtener ocho votos de los Ministros sobre la inconstitucionalidad, y a la autoridad, sólo se le pide obtenga cuatro que se opongan, los cuales no tienen obligación de expresar siquiera el porqué de su posición, pues sólo se precisa su voto.

Es por ello, que estas comisiones dictaminadoras consideran que la fórmula resulta contradictoria con la esencia misma de la democracia, en la que el gobierno corresponde a las mayorías, puesto que una minoría de Ministros de la Corte, sin tener la obligación de justificar su razón, puede decretar la constitucionalidad de una ley, lo que resulta patentemente violatorio de los derechos de los ciudadanos.

Ahora bien, esta Soberanía coincide con la Colegisladora en el sentido de que el juicio de amparo mexicano surge a la vida jurídica con la finalidad de proteger la esfera del gobernado contra actos arbitrarios del poder público que lo afecten o amenacen, sin embargo, con la aludida propuesta, se estima origina lo contrario al pretender que una minoría de Ministros puedan definir la constitucionalidad de una disposición legal, por lo que se considera como una propuesta no viable.

Improcedencia de Juicios posteriores.

En la minuta de referencia se prevé que los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal, tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten.

Asimismo, se prevé que en caso de no lograrse la votación de ocho Ministros, se desestimarán los argumentos materia del juicio y dichos argumentos no podrán ser revisados sino por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos y plazos que determine la Ley.

Sobre el particular, estas comisiones dictaminadoras consideran que, con la propuesta en estudio, una sentencia al decretar la constitucionalidad de una norma, todos los demás amparos intentados serán improcedentes, independientemente de que hagan valer argumentos distintos. Esto es, se deja en completo estado de indefensión a todos los gobernados que hayan tenido la mala suerte de que su demanda haya sido posterior a la primera demanda presentada a la Corte, aunque contenga planteamientos muy diferentes.

En otras palabras, estas comisiones unidas estiman que esta medida atenta, en perjuicio de los gobernados, la garantía de acceso a la justicia, así como la garantía de audiencia, que se consignan en nuestra la Carta Magna, toda vez que se les estaría negando la posibilidad de que sus planteamientos fueren estudiados por el poder judicial.

Asimismo, se considera que con la propuesta de referencia también se afecta la posibilidad de impugnar leyes de carácter heteroaplicativas, esto es, aquéllas que obligan con motivo del primer acto de aplicación.

Lo anterior, en virtud de que los gobernados tendrían que acudir al amparo considerando la ley como autoaplicativa, aunque no lo fuese, ya que en caso contrario quedarían sin defensa, al haberse interpuesto con anterioridad demandas de amparo por otros contribuyentes.

En ese sentido, las que dictaminan consideran que la propuesta en análisis, más que contribuir a que se gesten menos demandas, propicia que se deban interponer desde el momento en que entren en vigor, por lo que no se aprueba.

Efectos generales de los juicios de amparo y su retroactividad.

Como se expresó con antelación, en la Minuta en análisis se prevé que los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal, tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten.

En relación con el tema de generalidad del amparo, estas comisiones dictaminadoras perciben diversos problemas, en perjuicio de los contribuyentes, mismos que se desglosan a continuación.

Existe incertidumbre y ambigüedad en la terminología utilizada en el texto de la propuesta al artículo 107 constitucional, toda vez que no indica cuántas demandas pueden implican el concepto “de manera colectiva” a que alude, y tampoco los alcances de las nociones “importancia y trascendencia”, lo que se estima abre la posibilidad de originar un manejo arbitrario de dichos conceptos en los juicios de amparo, por parte de la autoridad encargada de aplicarlos.

Por otra parte, las que dictaminan consideran que si bien se pretende “beneficiar” a los gobernados al conferirle un alcance erga omnes a las resoluciones de amparo, lo más probable es que se les afecte, en virtud de que como se ha expuesto anteriormente, se requiere conseguir una mayoría calificada para obtener el amparo de la justicia federal y, por otro lado, se establece el efecto retroactivo de las sentencias publicadas en los términos de reforma constitucional en análisis, las cuales dejarán sin efecto aquellas sentencias de amparo dictadas previamente y que se contrapongan a las mismas.

Con relación a este último punto, debe precisarse que si bien la propuesta expresamente establece que “La declaración de inconstitucionalidad a la que se refiere este inciso no tendrá efectos retroactivos”, también lo es que el Artículo Cuarto Transitorio de dicha reforma prevé: “Las sentencias así publicadas, dejarán sin efecto, en adelante, aquellas sentencias de amparo dictadas previamente y que se contrapongan a las mismas.”

Así, puede observarse que si bien en el texto del artículo 107 constitucional se establece una prohibición expresa en relación a los efectos retroactivos de las sentencias de amparo, la disposición transitoria, con igual peso legal, ordena la aplicación retroactiva en relación con las sentencias dictadas previamente, sin acotar su ámbito temporal de aplicación.

Por otra parte, y bajo otra interpretación, puede desprenderse que el texto del artículo 107 constitucional propuesto, sea aplicable a las resoluciones favorables al contribuyente, en tanto que las sentencias favorables a la autoridad les sea aplicable la disposición transitoria, lo que se considera es contrario a la intención expresada en la propia exposición de motivos del dictamen correspondiente a la propuesta en análisis, que es el beneficiar al gobernado.

Aun más, la propuesta de texto del artículo 107 constitucional, al establecer que la declaración de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos, implica que aunque el gobernado obtenga la protección de la justicia federal, no se le devolverán las sumas que se le hayan cobrado de manera indebida, lo que tampoco es en su beneficio, en virtud de que se le priva de los mismos aún y cuando se haya confirmado que los cobros se realizaron contrariando la Constitución. Esto es, el proyecto de reforma constitucional establece que la retroactividad sólo está prohibida en beneficio de los contribuyentes.

En conclusión, la pretensión de que las autoridades fiscales se vean relevadas de la obligación de acatar las ejecutorias de amparo, así como de que en los contribuyentes no puedan recibir las cantidades enteradas de manera indebida, destruye uno de los pilares fundamentales del juicio de amparo, consistente en que las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional.

Por otra parte, en el caso de que un contribuyente haya obtenido una sentencia favorable y con posterioridad se presente una determinación que decrete la constitucionalidad de la norma que impugnó, de conformidad con la disposición transitoria se aplicará la nueva resolución en su perjuicio, porque su sentencia previa quedaría insubsistente, ello derivado a que dicha disposición transitoria no establece un ámbito temporal claramente definido, violentando el principio de cosa juzgada. Cabe precisar, que un efecto adicional sería el que se fincaran nuevos créditos fiscales, a los que se podrían añadírseles multas, recargos y actualizaciones.

Por todo lo expuesto, estas comisiones dictaminadoras acuerdan conveniente no aprobar las propuestas descritas.

Masividad de los juicios de amparo y el riesgo presupuestario.

Dentro de la exposición de motivos elaborada por la colegisladora en relación con la propuesta de reforma en análisis, se dice que actualmente “la justicia constitucional tributaria no beneficia a las mayorías, satura y sobrecarga los tribunales, pone en riesgo el presupuesto público en los tres niveles de gobierno y no es adecuada para atender la imposición masiva de juicios.”

Sobre el particular, estas comisiones dictaminadoras estiman que, si bien existe saturación en los tribunales derivado de una masividad en la interposición de juicios de amparo, lo cierto es que ello emana de quienes generan los actos de autoridad violatorios de garantías, más que de los gobernados que simplemente ejercen su derecho de legítima defensa, por lo que no se considera acertado que las autoridades fiscales se quejen porque los contribuyentes se defiendan en contra de actos que incidan directamente su patrimonio, toda vez que la equidad tributaria no consiste en que todos tributen y nadie pueda interponer un amparo, o que interponiéndolo nunca pueda ganarlo y, aún más, que ganándolo no le sean restituidas las cantidades enteradas de manera indebidas.

Por lo anterior, es que las que dictaminan no consideran que la argumentación de la existencia de una masividad en la interposición de juicio de amparo sea causa para restringir la posibilidad de defensa de los contribuyentes, ante los actos de la autoridad cuando ellos vulneren su patrimonio.

Aún ello, el pretender violentar los derechos de los contribuyentes, bajo el argumento de que se ponga en riesgo el presupuesto público, es una idea que incluso se contradice con lo manifestado en la propia exposición de motivos, al decir que sólo entre el 2% y 3% del total de contribuyentes promueven el amparo en contra de leyes fiscales y, no es sino una parte de de dicho porcentaje, el que obtiene la protección de la justicia federal, puesto que con dicha aseveración, se desprende que entre el 87% ó 98% de los contribuyentes se les aplica el régimen impositivo de manera íntegra. Es por lo expuesto, que estas comisiones dictaminadoras no comparten el contenido de la propuesta en análisis.

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que anteceden, estas comisiones unidas concluyen que la minuta de referencia, es una propuesta que atenta flagrantemente los derechos fundamentales de los contribuyentes y, especialmente, de la naturaleza propia del juicio de amparo, por lo que la estiman como no viable y, por lo tanto, no se aprueba en su totalidad."

Por lo que dichas comisiones emitieron el siguiente acuerdo:

"PRIMERO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a) a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en fecha 1° de abril de 2009.

SEGUNDO. Devuélvase el expediente a la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diez.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS."

NO CORREN TÉRMINOS PROCESALES PARA LAS SALAS REGIONALES DEL NOROESTE I DE TFJFA

2010-04-09T18:17:00.000-07:00

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, fracción VIII, y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y debido al sismo ocurrido el día 4 de abril de 2010 y a sus réplicas, en la región que corresponde a las Salas Regionales del Noroeste I, mismos que ocasionaron diversos daños en las carreteras de comunicación a la Ciudad de Tijuana, Baja California, sede de las Salas Regionales antes mencionadas, por causa de fuerza mayor, se declara que no corran los términos procesales los días cinco, seis, siete, ocho y nueve de abril del año en curso, únicamente respecto de esas Salas Regionales del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de abril de dos mil diez.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Firman, el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

Proponen diputados Autonomía para el SAT

2010-03-31T10:11:00.000-07:00

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados promueve reformas a la Constitución para dar plena autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“El SAT tendrá autonomía presupuestaria y deberá contar con los recursos necesarios para garantizar que se cubra, al menos, su gasto operativo año con año y sus necesidades de inversión.

El SAT se considerará ente legitimado para intervenir en las controversias constitucionales a las que se refiere el Artículo 105, fracción I de la Constitución”, cita el proyecto.

De acuerdo con los cambios propuestos y que forman parte de la iniciativa de reforma política de la diputación federal priísta, “el Estado debe contar con un organismo autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado SAT, que se encargue primordialmente, a través de la Federación, de la recaudación y los asuntos aduaneros”.

Leyes fiscales y aduaneras

La enmienda al Artículo 31 constitucional, que ya analiza la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que el SAT se ocupará, en calidad de autoridad administrativa, de aplicar las leyes federales fiscales y aduaneras; emitir disposiciones de carácter general y establecer medidas tendientes para su cumplimiento; inspeccionar e imponer sanciones mediante el acceso a la información, libros, papeles y documentación de los contribuyentes y terceras personas, guardando la confidencialidad legal correspondiente.

Las autoridades federales, estatales y municipales, cita el proyecto, deberán prestar el auxilio que requiera el SAT para el cumplimiento de sus funciones y que su conducción estará a cargo de una Junta de Gobierno y un Presidente.

La ley secundaria deberá establecer los procedimientos de designación y remoción de los integrantes de la Junta de Gobierno, así como los requisitos que deberán reunir para el cargo.

Junta de Gobierno

Lo que sí se sugiere dejar claro en la Carta Magna, es que la Junta de Gobierno del SAT se integrará por siete miembros: el Presidente del organismo más cuatro integrantes, todos ellos deberán ser nombrados a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A esos cinco funcionarios públicos se sumarán dos representantes de la Secretaría de Hacienda.

Los integrantes de la Junta desempeñarán su encargo por periodos de seis años escalonados entre ellos, sólo podrán ser removidos por causa grave y ser sujetos de juicio político, con autorización de la Cámara de Diputados.

Su homólogo en EU

En Estados Unidos, el Internal Revenu Service (IRS) es la agencia del Departamento del Tesoro encargada de la administración tributaria. El Comisionado del organismo es nombrado por el Presidente de EU y ratificado por el Senado.

Funciones del IRS:

Recaudar impuestos.
Asesorar a contribuyentes.
Hacer cumplir las leyes tributarias aprobadas por los legisladores.
Emitir devoluciones de impuestos.
Informar al Congreso sus labores.

Historia

1862: se crea la figura commissioner of internal revenue (comisionado de rentas internas).
1913: Se utiliza el formulario “Internal Revenue Service”.
1953: la oficina recaudadora cambia de nombre a Internal Revenu Service (IRS) por órdenes del Tesoro.
1998: se reorganiza basándose en un modelo privado.

rramos@eleconomista.com.mx

CREDITO:

Rolando Ramos / El Economista

El gobierno prevé nuevo plan fiscal.

2010-03-19T17:21:00.000-07:00

El gobierno de México enviaría este año al Congreso un nuevo plan de reforma fiscal y buscará acumular todas las reservas internacionales posibles para protegerse de un eventual aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, comentó Ernesto Cordero, secretario de Hacienda.

En entrevista con Reuters mencionó que la nueva propuesta fiscal estará dirigida a ampliar la base tributaria, eliminar tratamientos especiales y dar más facultades de recaudación a estados y municipios.

“Desde luego que estamos pensando en una nueva reforma fiscal”, dijo Cordero. “Sería obviamente una reforma fiscal que permita ampliar la base gravable de manera importante, una reforma fiscal que termine con los privilegios y los hoyos que tenemos en algunas partes”, agregó.

Las propuestas oficiales han sido modificadas y reducidas en el Congreso, y han derivado en planes insuficientes para mejorar las finanzas públicas del país.

Ernesto Cordero dijo que están en conversaciones con diferentes actores económicos para definir los detalles del plan.

Gran amortiguador

El secretario de Hacienda se refirió en la entrevista a la estrategia de México para acumular más reservas internacionales a través de la reciente reactivación de un mecanismo de compra de opciones de dólares en subastas mensuales.

México busca aumentar sus reservas en dólares ante una esperada reversión de flujos de capital cuando se dé un aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, desde el nivel cercano a cero que están ahora.

Desde finales de julio del año pasado, México mantiene su tasa referencial en un 4.50%, lo que hace más atractiva la inversión en México, pero Cordero Arroyo dijo que los capitales podrían comenzar a revertir su tendencia este año.

“Coincido plenamente en que probablemente esta reversión de flujos empiece a darse durante este año, por eso hay que estar listos y por eso estamos incrementando las reservas internacionales”, dijo.

“Sí, es algo que nos ocupa, creo que sí es importante hacer ese amortiguador lo más grande posible”, agregó el funcionario, quien dijo que simpatiza con la actual política monetaria del banco central.

Cordero dijo que el gobierno podría elevar su pronóstico para el crecimiento económico de este año, de 3.9%, en línea con lo que han hecho firmas de análisis.

“La mayoría de los pronósticos ya ubican el crecimiento en 5%, yo creo que es factible”, comentó el funcionario. (Reuters)

CONSTITUCIONAL, LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

2010-02-10T10:11:00.000-08:00

Así lo resolvió el pleno de la SCJN al negar el amparo a varias empresas.

No vulnera los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria, determinaron los ministros.

Permite la deducción de regalías entre partes independientes y las prohíbe cuando se trata de partes relacionadas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no vulnera el principio de legalidad tributaria, ya que su objeto se encuentra delimitado en dicho ordenamiento, señalando que éste corresponde a los ingresos brutos, sin perjuicio de las deducciones y créditos que prevé la ley.

Los ministros argumentaron que el tributo tiene como hecho imponible la obtención de ingresos derivados de la realización de actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Además, señalaron que, al definir a dichos ingresos como el precio o contraprestación a favor de quien realiza dichas actividades, su objeto o manifestación de riqueza gravada son los ingresos brutos que se reciben por realizar éstas.

Así, el Alto Tribunal confirmó las sentencias emitidas por diversos jueces y negó el amparo a varias empresas que impugnaron la constitucionalidad de la Ley del IETU, toda vez que aducían la violación a los principios constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria.El Pleno de ministros también resolvió que el IETU no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer que no son deducibles todos los costos y gastos necesarios para la realización de las actividades empresariales.

Lo anterior, en atención al criterio adoptado en la definición del objeto del mencionado impuesto, de tal manera que, al identificar éste con los ingresos brutos del causante, no se contaría con un derecho constitucionalmente exigible a la deducción de conceptos como los sueldos y salarios, la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas, la previsión social, los intereses y las regalías entre partes relacionadas, todos los cuales son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, y no así en lo tocante al IETU.

Los ministros indicaron que la erogación por los conceptos aludidos no tiene trascendencia en la mecánica del IETU como deducción, independientemente de que pueda o no afirmarse que se trate de gastos necesarios e indispensables.

Por tal razón, el no reconocimiento de estos conceptos como deducciones no es un error, omisión o arbitrariedad del legislador, sino que es un elemento estructural del gravamen bajo un diseño que no demanda tal extremo, al gravarse los ingresos brutos de los causantes como manifestación de riqueza.

Asimismo, el Pleno de la SCJN resolvió que la Ley del IETU no vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, al no establecer un mecanismo de ajuste de los pagos provisionales del impuesto para hacerlos coincidir con el tributo que deba pagarse al final del ejercicio fiscal, como acontece en el impuesto sobre la renta.

En relación con el argumento por el que se sostenía que la ley impugnada otorga un trato diferente a los contribuyentes que tienen inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia, los ministros expusieron que ese trato diverso no vulnera el principio de equidad tributaria, ya que unos y otros contribuyentes no se encuentran en la misma situación jurídica.

El Alto Tribunal también determinó que el hecho de que las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses que no se consideren parte del precio y, por ende, no se consideren actividades gravadas por el IETU, tampoco resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria.

Esto es, quienes pagan intereses derivados de contratos de financiamiento o mutuo que no forman parte del precio no se encuentran en la misma posición que aquéllos que sí los integraron al precio.

Por otro lado, se determinó que no se vulnera la garantía de equidad tributaria, al permitirse la deducción de regalías entre partes independientes, y prohibirse cuando se trate de partes relacionadas.

Lo anterior, al considerar que dicho trato diferenciado se basa en elementos objetivos, atendiendo a la naturaleza del vínculo al tenor de la cual reciben regalías las partes relacionadas, dada la falta de correspondencia que podría existir entre el monto pactado por tal concepto y el real.

Asimismo, se resolvió que la abrogación de la Ley del Impuesto al Activo y la modificación de los mecanismos que permiten la devolución de dicho impuesto pagado en los últimos 10 años, no dio lugar a la afectación de derechos adquiridos.

Lo anterior, precisó el Alto Tribunal, al considerar que el sólo pago del impuesto al activo no permitía apreciar la existencia de un derecho adquirido, sino una simple expectativa de derecho, hasta en tanto no se causara impuesto sobre la renta en exceso de aquél.

Finalmente, el Pleno de Ministros determinó que sea la Primera Sala de la SCJN la que conozca de los demás amparos sobre el IETU y, en su caso, emitir jurisprudencia para que los juzgadores resuelvan en el mismo sentido.

Fuente: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2010/Paginas/09-Febrero-2010.aspx

EXITOSA CONFERENCIA DE REFORMAS FISCALES 2010 AMAYA RABAGO/AMAYA SANCHEZ

2009-12-21T11:03:00.000-08:00

Con gran éxito se llevo acabo la conferencia anual de reformas fiscales, en la cual se expuso lo concerniente a las reformas que entraran en vigor el 1 de Enero de 2010. Con el cuestionamiento Como afectara a mi empresa?, los despachos Amaya Rabago Contadores Publicos y Amaya Sanchez y Asociados, compartieron la importancia del oportuno conocimiento de la información fiscal en los negocios, atendiendo al compromiso de mantener al tanto de los cambios que acontecen en el ámbito tributario a sus clientes y amigos.

Expositores como el C.P.C. Hector Amaya Rabago, C.P. y M.I. Hector Amaya Estrella, L.D. y M.D.F. Francisco Javier Sanchez Perez y Lic. Alberto Lujan, comentaron los aspectos económicos, contables, fiscales y laborales que vienen a afectar dicha reforma fiscal.

Agradecemos de nueva cuenta a nuestros clientes y amigos el interés, por estar al tanto del quehacer tributario y refrendamos hacia ustedes nuestra disposicion de poner nuestros conocimientos y experiencia a su servicio.

ESPERANZA, AMOR, PROSPERIDAD Y FELICIDAD

2009-12-21T10:44:00.000-08:00

La familia jurídica, Una confrontación inevitable

2009-11-18T13:43:00.000-08:00

Saliendonos un poco del ambito fiscal quisiera publicar lo siguiente y que concierne al ambito legal.

Como podran saber algunos, el Colegio de Abogados de Mexicali presento una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n1399136.htm lo anterior suscito una serie de comentarios y divisiones de criterios a lo que el Licenciado Daniel Solorio hizo la siguiente publicacion que me gustaria compartir con ustedes:

La familia jurídica, Una confrontación inevitable

1. Introducción.-

En esta tierra inhóspita alimentada más por el rumor que por la palabra clara, el inquietante “Punto Norte” de Antonio Magaña es un referente confiable, buscado, leído por tirios y troyanos. Pero infalible no es. Su reciente columna “Denuncia coyotera” yerra al minimizar la denuncia del Colegio de Abogados de Mexicali. Por no ser cosa trivial intentaré algunas precisiones.

2. Denuncia de interés público.-

Influido quizá por mis colegas penalistas (poco reflexivos ellos ) Magaña dice que sin pruebas anexas la denuncia del Colegio es cosa de mitoteros. Se equivoca esta vez. Lleva la firma del presidente José Luis Huape y cuatro consejeros (Cervantes, Postlethwaite, Castellanos y Solorio) y fue recibida por el Consejo de la Judicatura Federal, autoridad que tiene el deber inexcusable de investigar los hechos que interesan a la sociedad por dañar la confiabilidad del sistema de justicia. Y los colegios de abogados deben actuar en salvaguarda de ese interés.

3. La prueba de los hechos.-

Son hechos refractarios a la prueba directa. No pueden ser probados como en un proceso ordinario. La denuncia afirma que se dictan sentencias inducidas por malas artes y cualquiera sabe que eso no deja huella fácilmente detectable en las actas. Son hechos complejos que requieren ser investigados por medios indirectos y para eso existe el Consejo de la Judicatura. Para garantizar la imparcialidad, la veracidad, la honestidad del sistema judicial. El Colegio le pide que venga, que vea, que pregunte aquí y allá y saque sus propias conclusiones.

4. Jueces y abogados.-

Ningún abogado disfruta poner en entredicho a sus jueces. Todos procuramos cordialidad y entendimiento. Nos necesitamos recíprocamente. Sin abogados competentes y honestos no hay juez que sirva y sin jueces honorables y capaces no hay abogado que valga la pena. Nos une un invisible cordón umbilical. Somos una familia, a veces malavenida pero familia al fin. Por eso aun en las crisis mantenemos códigos de comunicación. Cuando el sinuoso y reptante lenguaje de la ley es insuficiente podemos acudir al Consejo de la Judicatura. Para eso el pueblo le paga.

5. Confrontación inevitable.-

Cuando hay violaciones sistemáticas (de unos o de otros) a nuestro pacto implícito la confrontación es inevitable. Si unos u otros desdeñamos las reglas del juego para ir por la vía corta, por el camino de la ilicitud, brotan sentencias raras, dogmáticas. Con pocos argumentos o torcidos. Distantes de las constancias procesales. Sentencias desconcertantes, redactadas en un lenguaje evasivo, resbaloso, grasiento. Sentencias que roban el sueño a quien intenta descifrarlas. Y nuestros clientes sufren. Su fortuna (grande o chica), su libertad, su vida, se van por el caño de los intereses sucios sin más huella que esas sentencias extravagantes. Y los abogados sólo balbuceamos a nuestros clientes que “…Son los criterios de los magistrados…”, tal como sugieren, oficiosos, los irreflexivos penalistas que preside mi apreciado colega Antonio Orenday. Viene ocurriendo a ciencia y paciencia de los abogados. Bajo esa inerte “comprensión” tan similar a la complicidad silenciosa. Nadie quiere confrontarse con quien tiene el temible poder de juzgar en definitiva. Por eso preferimos adularlos. Nunca te pelees con la cocinera, reza el viejo refrán. ¡¡¡... Pero es que… caray… hay cada cocinera...!!!

6.- Los enojos no valen.-

Al tiempo los enojos se acumulan, se tornan exigentes y los colegios abren sus oídos al estruendo que pulula de boca en boca. La familia jurídica es rebasada y cuando eso ocurre el Consejo de la Judicatura no debiera regatear su intervención. Que venga, que indague y ponga a cada quien en su lugar. Que deje a salvo los prestigios injustamente señalados. Eso pide el Colegio de Abogados. Eso hace falta, amigos magistrados, amigos abogados, amigos jueces. Por eso me cuesta trabajo entender a mis amigos penalistas. Los veo muy oficiosos.

Daniel Solorio Ramírez, profesor UABC, danielsr21@hotmail.com, nov-15-09

Dictamen con Proyectos de Decreto del Paquete Economico 2010.

2009-11-12T10:12:00.000-08:00

El dia 5 de Noviembre de 2009 el Senado de la Republica aprobo los dictamenes que seran publicados en el Diario Oficial de la Federacion concernientes al paquete fiscal 2010.

A continuacion se proporcionan las publicaciones para su consulta, (dar click en la imagen para descargar el dictamen).

•Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2010.

•Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

•Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LIEPS.

•Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del ISR

•Dictamen de proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del IDE, IVA y CFF+

Operacion del Programa de Condonacion de Multas Fiscales Federales

2009-11-11T17:27:00.000-08:00

El dia 17 de Septiembre de 2009 se emitio un lineamiento interno por parte de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante el cual se otorga al contribuyente el beneficio de la condonacion establecida en el articulo 74 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Segun dicho lineamiento la condonacion de multas procedera en los siguientes casos:

1.- Multas que hayan quedado firmes entendiendose por firmes las que no hayan sido impugnadas dentro de los plazos legales o que habiendo sido impugnadas, los contribuyentes se desistan del medio de defensa previo a la solicitud de condonacion.

Las cantidades a condonar se fijaran en porcentajes segun la antiguedad de la multa diferenciandose aquellas multas derivadas de impuestos propios y de impuestos retenidos, trasladados o recaudados, que van desde el 50% hasta el 90% en las multas derivadas de los impuestos propios y del 20% al 60% por concepto de multas derivadas de impuestos retenidos, trasladados o recaudados.

Ademas se establece la condonacion del 90% sin importar la antiguedad a las multas impuestas a:

1. Ejidatarios.
2. Comuneros.
3. Pequeños Propietarios.
4. Colonos.
5. Nacionaleros.
6. Tratandose de ejidos, cooperativas con actividad empresarial de agricultura, Ganadercia, Pesca o Silvicultura, Union, Mutualidad, Organizacion de trabajadores o empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, constituidas en los terminos de las leyes mexicanas.

Contribuyentes sujetos a facultades de comprobacion:

Podran solicitar la condonacion si se autocorrigen totalmente dentro de los diez dias posteriores al levantameinto del acta final o 20 dias despues de la notificacion del oficio de observaciones.

Requisitos:

a) Presentar declaracion de correccion con un importe de la primera parcialidad de 1.00 (un peso)

b) Anexar la declaracion de correccion fiscal y el comprobante de pago.

c) Anexar copia del acta final.

Beneficio:

Condonar el 90% por multas derivadas de impuestos propios y 70% de multas derivadas de impuestos retenidos y trasladados.

Contribuyentes sujetos a facultades de comprobacion que se sujeten a pago en parcialidades:

Misma regla pero con distintos requisitos los cuales son:

a) hasta en 12 parcialidades

b) Presentar declaracion de correccion con un importe de la primera parcialidad de 1.00 (un peso), acudir a los dos dias siguientes a solicitar la condonacion y solicitar el pago en parcialidades respectivo.

c) pagar el 20% una vez autorizada su solicitud (FMP-1)

Beneficio:

Condonar el 80% por multas derivadas de impuestos propios y 60% de multas derivadas de impuestos retenidos y trasladados.

Multas por declarar perdidas fiscales:

En cuestion de grandes contribuyentes:

El plazo para que se autocorrija sera antes del plazo a que se refiere el 50 del Codigo Fiscal de la Federacion:

En este caso la condonacion sera del 90%

A continuacion se anexa la presentacion que el SAT esta difundiendo y exponiendo en diversos foros donde se expone lo anterior y se emiten los requisitos del escrito: (Dar click en imagen para ver presentacion en powerpoint)

>

L.D. y M.D. Luis Alberto Sanchez Perez.

Amaya Sanchez y Asociados, S.C.

Nuevo Programa de Condonacion de Multas Federales

2009-11-11T11:23:00.000-08:00

PRI y PAN impulsan aumento generalizado de uno por ciento al IVA

2009-10-19T22:48:00.000-07:00

Palacio Legislativo 18-X-2009 (Notilegis).- Diputados del PRD denunciaron que PRI y PAN pretenden impulsar un incremento del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) generalizado en lugar del dos que propuso el Ejecutivo en el Paquete Económico 2010, lo que afectaría a las familias más desprotegidas.

En conferencia de prensa y acompañado por los diputados José Narro Céspedes y Vidal Llerenas Morales, el legislador Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Hacienda, dijo: “este intento de subir en uno por ciento el IVA, que terminaría afectando al consumo y a las clases medias y bajas, nos manifestamos totalmente en contra. Planteamos que se revise la propuesta integral”.

Ríos Piter explicó que dicha propuesta se está llevando entre el PAN y el PRI, por lo que al considerar un tema que tiene que ver con incremento al consumo, como es el IVA, “pues recibieron de inmediato nuestra negativa”.

El legislador se manifestó a favor de quitar la tasa diferenciada que se mantiene en los estados fronterizos en el norte del país donde se tiene un IVA de un 10 por ciento y aumentando 5 puntos porcentuales se tendría un ingreso adicional de 16 mil 500 millones de pesos. .

Ríos Piter informó que la recaudación por el incremento del 1 por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo el país, sería de 24 mil millones de pesos, sin embargo, refrendó que su fracción parlamentaria “rechazará tajantemente” que esa carga se quiera atribuir a los contribuyentes.

“La información que tenemos es que el 2 por ciento ha tenido una fuerte negativa por los distintos grupos políticos y en el intento de querer rescatar el impuesto al consumo, se ha puesto en consideración esta intención de subir de manera generalizada el IVA, es decir se estaría pagando el siguiente año en lugar de 15, un 16 por ciento”, agregó.

AILH

En Sesion Permanente Comision de Hacienda y Credito Publico

2009-10-19T22:41:00.000-07:00

20 de Octubre fecha limite para la aprobacion de la Ley de Ingresos 2010

2009-10-19T22:12:00.000-07:00

Como ya es bien sabido el dia 20 de Octubre vence el plazo constitucional para la aprobacion de la Ley de Ingresos, por lo que se podra ver la sesion en linea por el canal del congreso, si deseas dar seguimiento a la sesion dar click en la imagen:

Promesas de Calderon en Campaña

2009-10-02T10:04:00.000-07:00

Bueno como dicen hay mucha diferencia del dicho al hecho...

Consulta de Iniciativa del Paquete Economico 2010

2009-09-09T10:06:00.000-07:00

Dar Click en la imagen para consultar las iniciativas del paquete economico 2010:

SHCP cobrará adeudos directo en bancos.

2009-09-08T23:40:00.000-07:00

Por: Verónica Galán

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará cobrar los adeudos fiscales directamente desde las cuentas bancarias de los contribuyentes deudores, sin necesidad de que medien otros intermediarios, según un proyecto presentado este martes al Congreso.

“Se propondrá (…) recuperar créditos firmes, efectuando el cobro correspondiente en las cuentas abiertas en el sistema financiero de manera directa, sin intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, detalló el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en conferencia de prensa.

Los “créditos firmes” son aquellos por los que el fisco ya notificó al deudor y son los que se reportan al Buró de Crédito.

Los bancos ya tenían obligación de reportar al fisco, vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) aquellas operaciones que fueran calificadas como relevantes, esto es, las operaciones importantes realizadas por los usuarios de las instituciones financieras en los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, junio y octubre de cada año, a través de medios electrónicos.

Adicionalmente, los bancos deben también retener el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) (un cobro de 2% a los cuentahabientes que reciban depósitos en efectivo bancarios, que individual o acumulativamente en el mismo banco, superen los 25,000 pesos al mes).

Carstens detalló que esta medida forma parte de un paquete para fortalecer la fiscalización, como parte del cual se prevé también fortificar el aseguramiento precautorio previsto por el Código Fiscal de la Federación, eliminando los vicios de inconstitucionalidad señalados por la Suprema Corte.

El funcionario indicó que, en su conjunto, estas acciones generarían recursos por 20,400 millones de pesos, durante 2010

Mensaje del Presidente Paquete Economico 2010.

2009-09-08T22:52:00.000-07:00

Datos Relevantes del Paquete Economico 2010

2009-09-08T22:14:00.000-07:00

Como se esperaba el día de hoy el Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Agustín Carstens hizo entrega del paquete económico 2010 a la cámara de diputados, dentro del mismo se contiene la exposición de motivos, proyecto de Decreto y los discos compactos que contienen anexo informativo para los legisladores y los tomos que integran dicho paquete.

En un informe previo el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, manifestó que el Paquete Económico incluirá planes de austeridad en el Gobierno y una reforma fiscal, que combinados, generarán recursos adicionales.

Dentro de las cuestiones fiscales a las que se refirió nuestro presidente se encuentran las siguientes:

a) Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza.

Ley que pretende sutilmente gravar alimentos y medicinas, ya apodado el primo del IVA, el cual contiene un fin extrafiscal consistente en el combate a la pobreza, fines que las ultimas reformas fiscales han sido efectivos, pues al impugnarse la corte los ha hallado fundados, (ej. IDE, IETU, IESPS), este impuesto pretende gravar con el 2% una base bastante amplia, incluyendo todas las transacciones de todo tipo de bienes y servicios, por lo que lo hace un impuesto de aplicación general, permitiendo su acreditación y evitando así la tributación múltiple o en cascada.

b) Decreto para reforma en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Reformas que buscan un incremento a los impuestos especiales para tabacos, cervezas, bebidas alcohólicas, y juegos y sorteos, además de las telecomunicaciones, para ampliar la base de recaudación.

Los tabacos incorporan una cuota de 80 centavos por cajetilla de 20 cigarros hasta llegar a 2 pesos a lo largo de 4 años. El resto de los tabacos labrados estarían sujetos a la cuota equivalente por gramo.

Aumenta la tasa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio (IEPS) a la cerveza de 28% en 2010, 2011 y 2012, y reducirla a 27% en 2013 y 25% en 2014.

En bebidas alcohólicas se propone establecer de manera adicional al esquema de tasa valor en una cuota específica de 3 pesos por litro a las bebidas con graduación alcohólica con más de 20 grados.

En Telecomunicaciones se propuso un impuesto de 4.0% a los servicios que se presentan a través de una red pública como el Internet, exentando a la telefonía pública y rural, así como al servicio de interconexión.

c) Decreto para reforma de varias disposiciones fiscales.

Se propone elevar en forma temporal la tasa marginal del ISR para personas morales y personas físicas de mayores ingresos en 2 puntos porcentuales, con lo que quedaría en 30%, para proceder en 2013 y 2014 a su reducción gradual, un punto cada año, y volver entonces a la tasa actual de 28%

La iniciativa también propone revisar en las cuentas fiscales de las grandes empresas que consolidan sus resultados más allá de un lustro.

También contempla cambios en el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), para evitar que los contribuyentes puedan realizar acreditaciones excesivas y abusivas.

La tasa del Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo (IDE) podría elevarse al 3% y también busca bajar los depósitos en efectivo exentos a 15 mil pesos.

L.D. y M.C. Luis Alberto Sanchez Perez.

Amaya Sanchez y Asociados, S.C.

HABRA NUEVOS IMPUESTOS PARA MEXICO EN EL 2010

2009-08-11T17:09:00.000-07:00

México, 11 ago (EFE).- El Gobierno afirmó que incluirá en el Presupuesto de Egresos de 2010 una serie de nuevos impuestos para compensar la caída en los ingresos petroleros, que el año próximo provocará un "boquete" en las finanzas públicas de unos 23.076 millones de dólares, por una menor producción de crudo.

"El futuro nos alcanzó. Siempre habíamos tenido en mente la posibilidad de que los ingresos petroleros iban a agotarse, y ahora estamos enfrentando una manifestación muy clara al respecto", afirmó el secretario Hacienda, Agustín Carstens, durante una comparecencia en el Congreso.

El responsable de las finanzas públicas adelantó algunos detalles del proyecto de gasto público que el presidente, Felipe Calderón, propondrá al Congreso, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo 8 de septiembre.

Las autoridades en materia fiscal estiman que México, cuyos ingresos públicos dependen en un 40% de la producción petrolera, dejará de producir el próximo año unos 800.000 barriles de crudo diarios, lo que implicará dejar de percibir alrededor de 300.000 millones de pesos (23.076 millones de dólares).

Según Hacienda, entre 2006 y 2009 la producción petrolera mexicana cayó un 23,1%.

Además, el Ejecutivo calcula que la mezcla mexicana de petróleo, que actualmente se vende a 66,92 dólares, se cotice en 2010 en apenas 53,8 dólares por barril en promedio.

México "enfrenta un shock financiero, el impacto fiscal más grande en los últimos 30 años", reconoció Carstens, quien calcula que el próximo año la economía mexicana crecerá un 3%, tras caer en 2009 aproximadamente un 7%, según estiman la mayoría de analistas.

Por esta razón, el ministro exhortó a los legisladores a que aprueben el Presupuesto de Egresos 2010 con las nuevas medidas tributarias y administrativas propuestas, que "permitirán enfrentar esta caída en los ingresos petroleros".

"Será importante plantear medidas de ingresos y de administración tributaria que resuelvan de manera creíble la disminución que podríamos llamar permanente o duradera de ingresos públicos", puntualizó.

Carstens indicó que en materia de deuda pública el Gobierno "propondrá un déficit público moderado" que se reduciría al recuperarse la economía y la recaudación, para así "cerrar de nuevo con presupuesto balanceado en 2012".

"El gasto será menor al observado en 2008, por lo que será clave proteger los programas esenciales y buscar una mayor eficiencia y calidad en los servicios públicos", concluyó. EFE

COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE A COMERCIANTES.

2009-08-10T10:50:00.000-07:00

En fechas recientes se ha seguido por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corroborando el criterio de que las empresas comerciantes no deben de deducir sus gastos conforme al costo de lo vendido, dicho criterio para mayor seguridad de sus clientes fue emitido por la Sala del citado Tribunal citada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, así que si usted o su empresa se encuentra en la situación de ser comerciante resulta benéfico que consulte con su asesor respecto de la interpretación de los artículos referentes al costo de lo vendido.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

I-TASR-XXV-26

ARTÍCULO 45-B, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LAS EMPRESAS QUE REALICEN ACTIVIDADES COMERCIALES, DEBERÁN APLICAR DICHO PRECEPTO CON SUS REGLAS Y NO ASÍ CON LAS REGLAS GENERALES DEL ARTÍCULO 45-A.- El legislador clasificó dentro de la temática del artículo 45-A, todas aquellas actividades generales que puede desarrollar una persona jurídica y mencionó que el costo de las mercancías que integren el inventario final del ejercicio, se determinarán conforme al sistema de costeo absorbente, sobre la base de costos históricos o predeterminados. Añadiendo que la deducción se realizará en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate, sin embargo, también diseñó reglas especiales para diversos grupos de contribuyentes, tales como los vinculados a la comercialización, cuyo tratamiento especial se establece en el artículo 45-B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho precepto de forma relevante indica que las empresas con este tipo de actividades deberán considerar de forma "única" dentro del costo: a) El importe de las adquisiciones de mercancías, b) disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas efectuadas en el ejercicio, así como; c) los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. En consecuencia, de un análisis de ambas disposiciones se advierte que el artículo 45-A, establece una regla general que no le aplica a los del artículo 45-B, ya que éstos deben considerar "únicamente", dentro del costo, los elementos que han quedado señalados, por ello, al no quedar sujeto a la temporalidad de la enajenación del artículo 45-A referido, éstos podrán deducir desde su adquisición y no quedarán obligados a hacerlo hasta su enajenación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4408/07-01-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de febrero de 2009, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- Secretaria: Lic. Ariana Hernández Sánchez.

L.D. Y M.D.F. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ

SOCIO DIRECTOR

AMAYA SANCHEZ Y ASOCIADOS, S.C.

CONCEDE SCJN AMPARO CONTRA REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO PARA 2007

2009-06-18T11:23:00.000-07:00

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo promovido por siete empresas en contra del decreto de reformas a la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2006, por virtud del cual se eliminó la posibilidad de deducir deudas para efectos del cálculo de dicho tributo.

Los ministros negaron el amparo en contra de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo a partir de 2007, al estimar que la variación en la mecánica del impuesto no resultaba violatoria de garantías, entre otras razones, porque el Congreso de la Unión ejerció la facultad con que cuenta para hacer de dicho tributo un mecanismo de control eficiente respecto del impuesto sobre la renta.

En cambio, los ministros concedieron el amparo en contra del artículo Séptimo, fracción I, del mencionado decreto, al estimarlo violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley.

El artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo establecía la opción de pagar dicho gravamen actualizando el que les hubiere correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior, que en el caso analizado, para calcular el impuesto de 2007 implicaba la actualización del correspondiente a 2003.

Sin embargo, por virtud de la reforma legal identificada, se eliminó de la base del impuesto la deducción de las deudas, lo cual, en el caso de los contribuyentes que habían ejercido la opción, se tradujo en la afectación del impuesto que debían actualizar para el cálculo del gravamen para 2007, pues se impedía la deducción de las deudas de 2003.

Los ministros estimaron que dichos contribuyentes contaban con un derecho a tributar de conformidad con las reglas que motivaron el ejercicio de la opción, de tal manera que la modificación en el monto del impuesto que debería actualizarse —eliminando la deducción de las deudas de su base—, obraba hacia el pasado, violando la garantía de irretroactividad de la ley.

El artículo 14 constitucional prohíbe la irretroactividad de la ley y, en el caso, la mayoría de los ministros consideraron que la prohibición para deducir deudas —para quienes habían ejercido la opción que los obligaba a pagar el impuesto con base en el que les hubiere correspondido cuatro años atrás—, de aplicarse en contra de estos contribuyentes, afectaría su esfera jurídica.

El Alto Tribunal precisó que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo séptimo, fracción I, del decreto de reformas a la Ley del Impuesto al Activo para 2007, no puede ser para que queden liberados de la obligación de pago del gravamen. Consecuentemente, se otorgó el amparo para el efecto de que tributen de conformidad con las reglas propias de la opción establecida en el artículo 5-A de la Ley, es decir, para que actualicen el impuesto que les correspondía en el 2003.

La declaratoria de inconstitucionalidad no abarcó al propio artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, en razón de que los ministros consideraron que el mismo resultaba aplicable para quienes ejercieron la opción durante 2007, motivo por el cual no podía hablarse de irretroactividad de la ley en dichos casos.

CONCLUYE SCJN ANÁLISIS DE AMPAROS PROMOVIDOS POR EMPRESAS CONTRA REFORMAS A LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO PARA 2007
México, D. F., 15 de Junio de 2009.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el análisis de los amparos promovidos por diversas empresas en contra del decreto de reformas a la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2006, por virtud del cual se eliminó la posibilidad de deducir deudas para efectos del cálculo de dicho tributo.

Conforme a la resolución del amparo 86/2008, fallado en la sesión del jueves 11 del presente mes, interpuesto por Administradora Multiplaza SA de CV, y otras, los ministros concedieron hoy amparos a diversas empresas, en contra del artículo Séptimo, fracción I, del mencionado decreto, al estimarlo violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley.

Con base en la decisión adoptada la semana pasada, negaron el amparo en contra de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo a partir de 2007, al estimar que la variación en la mecánica del impuesto no resultaba violatoria de garantías, entre otras razones, porque el Congreso de la Unión ejerció la facultad con que cuenta para hacer de dicho tributo un mecanismo de control eficiente respecto del impuesto sobre la renta.

Así lo determinó el Alto Tribunal al resolver los amparos promovidos por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SA de CV; Grupo Comercial Gomo, SA de CV; Bodegas Industriales del Noroeste, SA de CV; Proactiva Medio Ambiente México, SA. de CV, y otras, que reclamaron la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2006, por considerarlo violatorio de la Ley Fundamental.

DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LFPCA Y A LA LOTFJFA

2009-06-16T12:25:00.000-07:00

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión , se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4o., primer párrafo, 13, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo y 68, primer párrafo y se adicionan los artículos 1-A; 13, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo y el Capítulo X denominado "Del Juicio en Línea" al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1-A.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.

II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

III. Boletín Procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.

VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.

VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.

X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea.

XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTÍCULO 4o.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

...

TÍTULO II

De la Substanciación y Resolución del Juicio

CAPÍTULO I

De la Demanda

ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. a III. ...

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

...

...

ARTÍCULO 14.- ...

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

II. a VIII. ...

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un
representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la
demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala, así como en el Boletín Procesal que emita el Tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de
decir verdad.

ARTÍCULO 24.- ...

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

b) a d) ...

II. ...

...

...

...

ARTÍCULO 31.- ...

I. a III. ...

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

CAPÍTULO X

Del Juicio en Línea

ARTÍCULO 58-A.- El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de
este ordenamiento.

ARTÍCULO 58-B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

ARTÍCULO 58-C.- Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en
la vía tradicional.

ARTÍCULO 58-D.- En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

ARTÍCULO 58-E.- La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

ARTÍCULO 58-F.- La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

ARTÍCULO 58-G.- Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

ARTÍCULO 58-H.- Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia
en Línea.

ARTÍCULO 58-I.- Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

ARTÍCULO 58-J.- Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

ARTÍCULO 58-K.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible
a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

ARTÍCULO 58-L.- Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

ARTÍCULO 58-M.- Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

ARTÍCULO 58-N.- Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I.- Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

II.- El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III.- El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV.- El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.

V.- Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

VI.- En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

ARTÍCULO 58-O.- Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 58-P.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para
el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

ARTÍCULO 58-Q.- Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a
su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

ARTÍCULO 58-R.- En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

ARTÍCULO 58-S.- Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

ARTÍCULO 65.- Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

...

...

ARTÍCULO 66.- En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

ARTÍCULO 67.- ...

...

...

...

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

ARTÍCULO 68.- Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

...

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V

De las Salas Regionales

ARTÍCULO 37.- ...

I. a VII. ...

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. a XI. ...

ARTÍCULO 38.- ...

I. a VIII. ...

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto
de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, de los juicios tramitados en línea, y

XI. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI

De la Junta de Gobierno y Administración

ARTÍCULO 41.- ...

I. a XXIX. ...

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios
en línea;

XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXIII. a XXXV. ...

CAPÍTULO VII

De los demás Servidores Públicos del Tribunal

ARTÍCULO 47.- ...

I. a V. ...

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes que obran en la
Sala Superior.

ARTÍCULO 48.- ...

I. a V. ...

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 49.- ...

I. a III. ...

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTÍCULO 50.- ...

I. a IV. ...

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que
estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

TERCERO. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

QUINTO. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

SEXTO. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.

SÉPTIMO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

OCTAVO. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

NOVENO. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

DÉCIMO. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

México, D.F., a 28 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

SOCIEDADES UNIPERSONALES

2009-06-10T17:41:00.000-07:00

Recientemente la camara de diputados ha aprobado el PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, mediante el cual se incluye como figura jurídica dentro de la misma legislación mexicana a las sociedades unipersonales.

Esta figura juridica ya es aplicada en diferentes países como España,Holanda y Estados Unidos de América, misma que permite a las empresas limitar y destinar activos a sus actividades sin arriesgar la totalidad de su patrimonio.

Dentro del dictamen de dicho proyecto se considera que es clara la necesidad de que el sistema jurídico se adecue a la actualidad económico-social del País, pues existen insuficiencias en el derecho vigente para atender las nuevas y complejas relaciones y actos comerciales, lo que ocasiona un rezago en el sano desarrollo de las actividades económicas.

Reconocen asimismo la garantia de libertad de trabajo consagrada en nuestro articulo 5, Constitucional concluyendo de esta manera aprobar dicho proyecto.

A grandes ragos se consideraran como sociedades que podran ser formada por una sola persona las Sociedades Anonimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada, de acuerdo al siguiente proyecto:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Artículo 1o. …

I. a VI. …

Las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas podrán optar por constituirse a través de la modalidad de unipersonalidad mediante la denominación de sociedades unipersonales, en los términos del Capítulo IV Bis de esta Ley.

Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. En la escritura o póliza constará el contrato social y, tratándose de sociedades unipersonales, el acta constitutiva, los cuales contendrán los estatutos correspondientes. El notario público o corredor público no autorizará la escritura o póliza, según corresponda, cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 7o. Si el contrato social o en su caso el acta constitutiva, no se hubiere otorgado en escritura ante notario público o póliza ante corredor público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o., cualquier persona que figure como socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

En caso de que el instrumento público que contenga el contrato social o acta constitutiva no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del instrumento público que contenga el contrato social o el acta constitutiva, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 10.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley, el contrato social o el acta constitutiva, según se trate.

…

…

…

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es, la que se constituye con uno o más socios, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales o capital puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cesibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

En el caso de la modalidad sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, se estará a lo dispuesto por los Capítulos IV y IV Bis de esta ley.

Artículo 70. Cuando así lo establezca el contrato social o el acta constitutiva, el o los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones.

Capítulo IV Bis
De las Sociedades Unipersonales.

Artículo 86 Bis. Se entiende por sociedad unipersonal, la que se constituye y puede existir con un sólo socio o accionista. Pueden optar por constituirse mediante esta modalidad de unipersonalidad las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.

Las clases de sociedades unipersonales son:

I.- Sociedad unipersonal originaria: es la constituida por un socio o accionista, sea persona física o moral, y

II.- Sociedad unipersonal derivada: es aquella que fue constituida por dos o más socios como sociedad y que todas las partes sociales o acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio o accionista.

Se consideran propiedad del único socio o accionista, las partes sociales o acciones representativas del capital de la sociedad unipersonal.

Las sociedades que opten por constituirse por la modalidad de sociedades unipersonales, agregarán a su denominación o razón social, según corresponda, la palabra unipersonal o su abreviatura, que según sea el caso será "S.R.L.U." para las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales o "S.A.U." para las sociedades anónimas unipersonales.

Art. 86 Bis 1.- En la constitución de una sociedad unipersonal o en la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio o accionista a ser propietario de todas las participaciones sociales o acciones, en la pérdida de tal situación o el cambio del socio o accionista único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o acciones, se harán constar en escritura pública o póliza según corresponda misma que se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 86 Bis 2. De las decisiones del socio o accionista único.

En la sociedad unipersonal el socio o accionista único ejercerá las funciones de órgano de administración, en cuyo caso, sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, por su gerente general o por la persona que éste designe como ejecutor o apoderado de la sociedad para tal efecto.

Artículo 86 Bis 3. De la contratación del socio o accionista único con la sociedad unipersonal:

I. Los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad deberán constar por escrito o bajo la forma que exija la Ley de acuerdo con su propia naturaleza y, se transcribirán a un libro de actas que deberá llevar la sociedad unipersonal para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista y deberá formalizarse ante notario público o corredor público e inscribirse en el Registro Público de Comercio, y

II. En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad unipersonal, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito en el Registro Público de Comercio como lo menciona el numeral anterior.

Artículo 86 Bis 4. De los efectos de la unipersonalidad derivada.

Transcurridos seis meses desde la constitución de una sociedad mediante la modalidad de sociedad unipersonal o de la unipersonalidad derivada sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Público de Comercio, el socio o accionista único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Una vez inscrita la sociedad unipersonal, el socio o accionista único no responderá de las obligaciones contraídas con posterioridad al acto registral.

Artículo 86 Bis 5. Para el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada son aplicables, en lo conducente los artículos contenidos en el capítulo IV de la presente ley.

En el caso de las sociedades anónimas unipersonales son aplicables, en lo conducente, los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente Ley.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o varios socios o accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

En el caso de que la sociedad anónima sea constituida por la modalidad de sociedad unipersonal, se estará a lo dispuesto por el Capítulo IV Bis de esta Ley.

Artículo 89. .....

I. Que haya uno o más socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté íntegramente suscrito;

III. a IV. …

Artículo 90. La sociedad anónima en general, o en su modalidad de sociedad anónima unipersonal, puede constituirse por la comparecencia ante notario público o corredor público, de la o las personas que otorguen el acta constitutiva o el contrato social, o por suscripción pública.

Artículo 92. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, el o los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6o, excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Artículo 103. Son fundadores de una sociedad anónima:

I. Los mencionados en el artículo 92, y

II. El o los otorgantes del contrato constitutivo social cuando sean dos o más accionistas, o el otorgante del acta constitutiva cuando la sociedad se constituya como unipersonal.

Artículo 229. …

I. a III. …

IV. Cuando el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, salvo que la unipersonalidad se formalice en los términos y plazos establecidos en esta ley o se trate de sociedades constituidas bajo la modalidad de sociedades unipersonales.

V. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

LINEAMIENTOS OPERATIVOS A DECRETOS DEL IMSS.

2009-05-22T11:10:00.000-07:00

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICAN, CON MOTIVO DE LA SITUACION DE CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS DE INFLUENZA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE MAYO DE 2009

1. Objetivo. Dar a conocer las disposiciones específicas que deberán observar los patrones, a fin de que obtengan el beneficio a que se refiere el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009.

2. Definiciones. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:

I. Beneficio: Apoyo del Gobierno Federal establecido en el Decreto, consistente en el pago por parte de éste, hasta por el equivalente al veinte por ciento mensual del pago de la parte de las cuotas obrero patronales que se causen por registro patronal y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el tercer bimestre de 2009, sin que dicho beneficio exceda de diecisiete mil quinientos pesos mensuales, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, de guarderías y prestaciones sociales.

II. Beneficiario: Patrón que reciba el beneficio derivado del Decreto.

III. Cuotas: Las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley a cargo de los patrones correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales.

IV. Decreto: Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009.

V. Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI. Ley: Ley del Seguro Social.

VII. Reglamento: Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

VIII. SUA: Sistema Unico de Autodeterminación.

IX. Subdelegación: Organo Operativo de las Delegaciones del Instituto, al que corresponde el control del registro del patrón.

3. Población objetivo del Decreto. Tienen derecho a recibir el beneficio, los patrones sujetos al Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, que tengan inscritos ante el Instituto a trabajadores permanentes y eventuales, urbanos o del campo, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero del Decreto y los presentes lineamientos operativos.

4. Monto del beneficio. El monto del beneficio será hasta por la cantidad equivalente al veinte por ciento mensual de la parte de las cuotas obrero patronales a su cargo, que se causen durante los meses de mayo y junio de 2009, sin que dicho beneficio exceda de diecisiete mil quinientos pesos mensuales, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales. Para tales efectos los patrones que cuentan con registro patronal único, deberán determinar y enterar las cuotas obrero patronales por cada uno de sus registros patronales asociados vigentes, a través del SUA y conforme a la mecánica que el Instituto pondrá a su disposición a través de su portal de Internet. Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley , corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mínimo, por lo cual, en esos casos, el beneficio del 20% se aplicará sobre el importe total de las cuotas.

5. Vigencia. El beneficio a que se refiere el Decreto tendrá una vigencia hasta el 20 de julio, inclusive, de 2009.

6. Requisitos para el otorgamiento del beneficio. Para tener derecho al beneficio, el patrón deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

II. No ser una entidad pública cuyas relaciones laborales se rijan por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni formar parte de las administraciones públicas de la Federación , de las entidades federativas o de los municipios;

III. Tener inscritos a todos sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos de la Ley del Seguro Social;

IV. No tener a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

V. Haber realizado el pago de las cuotas a más tardar los días 17 de junio y 20 de julio del mismo año, respectivamente, conforme a lo establecido en los artículos 39 de la Ley y 3, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción y en el artículo tercero del Decreto, se entenderá como crédito fiscal firme aquel que no fue impugnado en los plazos establecidos por las disposiciones legales aplicables, o bien, que habiendo sido impugnado se presentó desistimiento del recurrente o que la resolución dictada le fue desfavorable y la misma no admite ningún medio de defensa o admitiéndolo, no fue impugnada.

No se considerarán créditos fiscales firmes:

Aquellos por los que exista convenio vigente con el Instituto, por el que se haya autorizado al patrón prórroga para realizar su pago, ya sea en forma diferida o en parcialidades.

Las cédulas de liquidación por diferencias de cuotas, emitidas mediante el Sistema de Verificación de Pagos, inclusive las cédulas de liquidación por omisión total, y las multas accesorias de dichas cédulas de liquidación.

Los créditos derivados del Sistema de Verificación de Pagos.

7. Procedimiento para la aplicación del beneficio

7.1. Determinación y pago.En términos de lo señalado en el artículo 39 de la Ley , el patrón determinará las cuotas y podrá aplicar el beneficio bajo su responsabilidad, tomando en consideración que debe cumplir con los requisitos del lineamiento 6 y sujetándose a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento.

7.1.1. Pago en papel. La propuesta de cédula de determinación que emite el Instituto para los patrones de hasta cuatro trabajadores, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 A de la Ley , contendrá, adicionalmente, la opción de pago de las cuotas considerando el beneficio, para que el patrón decida utilizar la que le considere que le es aplicable.

7.1.2. Pago mediante SUA. El patrón con más de cuatro trabajadores a su servicio, determinará y enterará las cuotas mediante el SUA, que contendrá una opción para aplicar el beneficio correspondiente. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Instituto pondrá a disposición de los patrones el complemento al SUA, mismo que deberá actualizar en su equipo de cómputo.

8. Verificación. El Instituto podrá verificar que los patrones que apliquen el beneficio hayan cumplido con los requisitos señalados en el Decreto y en el Lineamiento 6. De no proceder el beneficio aplicado por el patrón, el Instituto en uso de sus facultades, podrá determinar y hacer efectivos los créditos fiscales correspondientes con los recargos respectivos, calculados en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación , sobre las cantidades actualizadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 17-A del mismo ordenamiento, sin perjuicio de que se ejerzan en contra de los infractores las acciones legales que correspondan y, en su caso, se impongan las sanciones procedentes.

9. Resolución a favor del Instituto. En el supuesto de que el patrón hubiere promovido medios de defensa respecto de créditos fiscales determinados a su cargo, anteriores o durante la vigencia del Decreto y haya recibido los beneficios de éste, cuya resolución se pronuncie con posterioridad a dicha vigencia y sea favorable al Instituto, éste una vez recuperados los devolverá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

10. Aclaración. Los patrones podrán acudir ante la subdelegación que controla su Registro Patronal, para mayor información o, en su caso, tramitar las aclaraciones que consideren procedentes.

11. Aspectos presupuestarios y contables. El Instituto llevará un registro del monto del beneficio otorgado, el cual notificará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta realice el pago correspondiente en los términos del Artículo Segundo Transitorio del Decreto.

12. Difusión. El Instituto, por conducto de sus delegaciones y subdelegaciones, realizará acciones permanentes y continuas para informar a los patrones sobre el beneficio a que se refiere el Decreto y los presentes lineamientos.

México, D.F., 14 de mayo de 2009.

SIMULACION

2009-05-21T13:40:00.000-07:00

DEFINICION.
(Fuente: Enciclopedia Jurídica Mexicana, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.)

SIMULACIÓN. I. (Del latín simulare, que significa imitar, representar lo que no es, fingir.) En el lenguaje ordinario el verbo simular significa presentar engañosamente una cosa, como si en verdad existiera como tal, cuando en la realidad no es así. Entre las palabras simular y disimular hay una verdadera paronimia, las dos reconocen la misma etimología. En la simulación se hace aparecer lo que no existe, en la disimulación se oculta lo que en verdad existe; empero, en uno y otro casos el propósito es el engaño.

En el orden del derecho, el concepto simulación tiene aplicación en la teoría de los actos jurídicos. Se dice que hay simulación cuando conscientemente se declara un contenido de voluntad que no es real y esa disconformidad entre lo declarado y lo querido se realiza por acuerdo de los declarantes, con el propósito de engañar creando un negocio jurídico donde no existe ninguno, o es distinto de aquel que ocultamente las partes han celebrado. Coludidas las partes emiten unas declaraciones de voluntad cuyo contenido volitivo no es el que verdaderamente quieren y privadamente confiesan en un contradocumento, ser otra su voluntad negocial o que no han convenido en negocio alguno.

Fundamentación de la simulación.

Articulo 2180 del Código Civil Federal.

Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

Articulo 2181 del Código Civil Federal.

La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.

Articulo 2182 del Código Civil Federal.

La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare.

Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SIMULACION. Francisco Ferrara en su obra "La Simulación de los Negocios Jurídicos", define la simulación como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. De esta definición resulta que lo mas característico en el negocio simulado es la divergencia intencional entre "la voluntad interna" y la "voluntad declarada". Lo interno que es lo querido y deseado entre las partes, esta en oposición a lo externo o declarado, que conscientemente no es lo querido por ellas.

3a.

Amparo directo 6897/59. Salvador Ortiz Meza. 31 de octubre de 1966. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela.

Volumen LV, pág. 56. Amparo directo 5964/59. Ignacio Hernández de Cortes y coag. 10 de enero de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela.

Tesis relacionada con jurisprudencia 276/85.

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca. Volumen CXII, Cuarta Parte. Pág. 153. Tesis Aislada.

Articulo 213 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para los efectos de este Capítulo, los ingresos a que se refiere el artículo 212 de esta Ley serán gravables para el contribuyente en el ejercicio en que se generen, de conformidad con lo dispuesto en los Títulos II o IV de esta misma Ley, según corresponda, en la proporción de su participación directa o indirecta promedio por día en dicho ejercicio en la entidad o figura jurídica extranjera que los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al contribuyente.

( . . . )

Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas en términos del artículo 215 de este Ley.

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente:

a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado;
b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación, y
c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto.

Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales.

En los casos que se determine simulación en los términos de los cuatro párrafos anteriores, el contribuyente no estará obligado a presentar la declaración a que se refiere el artículo 214 de esta Ley.

La simulación

La simulación en el ámbito tributario hace referencia tanto a negocios como a actos jurídicos, es decir, podríamos hablar de "negocios simulados" y de "actuaciones ficticias".

EJEMPLO

Se pueden fingir negocios con el objeto de eludir el pago del impuesto y se pueden realizar actuaciones encaminadas a fingir una residencia fiscal allí donde no se tiene para beneficiarse de una menor tributación.

La simulación puede ser absoluta y relativa, es decir, que lo efectivamente realizado no sólo puede ser otro negocio jurídico que se oculta (simulación relativa), sino también la nada jurídica (simulación absoluta).

La declaración de simulación en el ámbito tributario no requiere de la existencia de procedimiento especial alguno. De esta manera, será declarada por la Administración Tributaria al tiempo de dictar el correspondiente acto de liquidación.

Los efectos de la simulación son evidentes en caso de simulación absoluta, se declarará la inexistencia del negocio celebrado, declarándose la nulidad del contrato, el cual carecerá de eficacia alguna.

EJEMPLO

En el caso de facturas falsas, la acreditación de la falsedad de las mismas determinará que no sea deducible el gasto en el impuesto sobre sociedades ni la cuota del IVA soportada.

Si se tratara de simulación relativa, se declarará la nulidad del negocio simulado, declarándose la validez y eficacia del negocio oculto.

EJEMPLO

Contrato de compraventa que encubre una donación: esta última se declarará válida y surtirá los efectos, mientras que se declarará la nulidad del contrato de compraventa. La simulación pueda ser constitutiva de infracción tributaria, exigiéndose la correspondiente sanción.

Elementos de la simulación:

1. La existencia de disconformidad entre la voluntad real y lo declarado externamente.
2. La intencionalidad consciente entre las partes para ello.
3. La creación de un acto aparente como consecuencia de lo anterior.
4. Que la creación de ese acto aparente sea con la finalidad de engañar a terceros.

Penalidades.

Articulo 108 del Código Fiscal de la Federación

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,113,190.00.

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,113,190.00, pero no de $1,669,780.00.

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,669,780.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados cuando se originen por:

a) Usar documentos falsos.

b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

d).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales.

Articulo 109 del Código Fiscal de la Federación.

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la Ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

IV.- Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

V.- Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

* VI. (Se deroga)

* VII. (Se deroga)

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

AL FINAL DE LA INFLUENZA Y LA CRISIS

2009-05-21T13:01:00.000-07:00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA ENAJENACION DE CASA HABITACION.

2009-05-14T10:59:00.000-07:00

Exención de la enajenación de casa habitación.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece como exención la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación.

La autoridad fiscal ha venido considerando que dentro de la exención antes mencionada no queda comprendida la enajenación de algunos bienes o el suministro y colocación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, o la instalación del sistema de calefacción hidrónica en inmuebles destinados a casa habitación, no obstante que están unidos a un bien inmueble de manera fija.

Nuestros tribunales han considerado que las enajenaciones antes mencionadas están exentas pues los bienes correspondientes se deben de considerar como un inmueble.

No. Registro: 169,770
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Tesis: I.4o.A.638 A
Página: 2445

VALOR AGREGADO. LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN HIDRÓNICA EN INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN ESTÁ EXENTA DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTAR ADHERIDA A LA CONSTRUCCIÓN. El artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que no se pagará ese tributo por la enajenación de construcciones adheridas al suelo, cuyo destino sea el de casa habitación, y cuando sólo parte de las construcciones se utilice o destine a este objeto, la exención únicamente aplicará en lo relativo a ella. Por otra parte, de la exposición de motivos de la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, se advierte que con el sistema que contempla se pretendió erradicar el efecto acumulativo del impuesto al valor agregado, para que los consumidores conocieran objetivamente el monto de la contribución que se les trasladaría; además de que se consideró que debía otorgarse la exención del pago del tributo relativo, tratándose de construcciones destinadas a casa habitación, con el objeto de impulsar la adquisición de bienes inmuebles para ese efecto, y fortalecer el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, dado que el artículo 9o. de la ley referida y los numerales 28 y 29 de su reglamento no proporcionan un significado del término "construcciones destinadas a casa habitación", debe tomarse en consideración que el sentido que se dé a éste constituye un elemento indispensable para establecer el alcance de la norma que prevé la exención del pago de la contribución respectiva, por lo cual resulta conveniente atender al sentido natural de ese concepto, toda vez que no cualquier edificación se destinará para satisfacer las necesidades primarias y algunas de carácter secundario de las personas, sino que incluso, podrá ser con fines no lucrativos. En esa tesitura, la comentada exención no alude indistintamente a construcciones y edificaciones, habida cuenta que fija una regla: aplica sólo tratándose de determinados inmuebles, a saber, los destinados a casa habitación, lo que se corrobora con lo previsto en el artículo 750, fracciones I y III, del Código Civil Federal, que señala que son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, así como todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto adherido. Por tanto, la instalación de calefacción hidrónica (sistema para calentar una vivienda a través del piso, utilizando la conexión del agua), está exenta del impuesto al valor agregado, a condición de que se realice al momento de edificar una casa habitación, y que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, ya que al adherirse dicho sistema a la construcción, tiene la naturaleza de un bien inmueble.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 229/2007. Ecovent, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.

Aspectos a considerar

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se pagará el impuesto en la enajenación de las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación.

Nuestros tribunales han considerado que la exención de pago del impuesto al valor agregado, tratándose de construcción de casas habitación, incluye tanto la construcción misma de la casa habitación como los servicios de instalación propios de ella.

Como ejemplo de esto, se ha considerado que la enajenación de cocinas integrales construidas de acuerdo a las especificaciones del inmueble e instaladas para el uso exclusivo de la casa habitación en la que se incorpora, así como el suministro y colocación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o la instalación del sistema de calefacción hidrónica en inmuebles destinados a casa habitación, está exenta del impuesto al valor agregado al formar parte de la casa habitación.

Lo anterior considerando que conforme a nuestra legislación, constituye inmueble, todo lo que esté unido a él de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido, lo cual se da en el caso de los supuestos mencionados.

Es importante mencionar que la exención se podría extender a la instalación de otros bienes como puede ser ventanas, baños, etc. En este sentido, es importante considerar que bajo este precedente, el constructor debería realizar el análisis fiscal-legal correspondiente para sustentar en su caso la recuperación del Impuesto al Valor Agregado que en le fue trasladado por su proveedor.

C.P. y E.F. Rodolfo Ramirez.

DECRETO QUE AUTORIZA PAGO A PLAZO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

2009-05-14T09:59:00.000-07:00

El dia de hoy fue publicado el decreto por el que se autoriza el pago a plazo de las aportaciones de seguridad social como un beneficio adicional que con motivo de la epidemia de la influenza ocasionada por el ya tan conocido mundialmente virus A/H1N1 y a fin de reactivar la actividad de los sectores económicos que se vieron afectados por la emergencia prevista en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del presente año y el cual consistió en eximir parcialmente hasta por el equivalente al veinte por ciento mensual del pago de la parte de las cuotas obrero patronales que se causen a cargo de los patrones y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el tercer bimestre de 2009, sin que dicha exención exceda de diecisiete mil quinientos pesos mensuales por empresa, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales. para efecto de que los patrones cuenten con recursos líquidos para afrontar de mejor manera los efectos económicos de la mencionada epidemia de influenza y así acelerar la reactivación económica y asegurar la preservación de las fuentes de empleo para los mexicanos.

El Código Fiscal de la Federación prevee que en caso de catástrofes sufridas por epidemias, el Ejecutivo Federal puede eximir total o parcialmente el pago de contribuciones o sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, por lo cual el ejecutivo estimo coveniente autorizar el pago en parcialidades del cincuenta por ciento de las cuotas obrero patronales, disminuidas en todos los casos con el veinte por ciento a que se refiere el primer párrafo del artículo segundo del mencionado decreto del 7 de mayo de 2009, que se causen a cargo de los patrones y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante los meses de mayo y junio de 2009, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales, a efecto de que puedan ser cubiertas en cinco parcialidades iguales, más los intereses correspondientes a una tasa fija.

Aunado a esto y con la finalidad de que quienes no puedan cubrir oportunamente las cuotas obrero patronales anteriormente citadas causadas en el mes de abril de 2009, no enfrenten una carga económica adicional por las multas a que da lugar su pago extemporáneo, resulta conveniente eximirlos del pago de las mismas, y que el beneficio que se otorga podrá ser aplicado con independencia de lo establecido en el Decreto antes señalado, por lo que los contribuyentes podrán acceder a ambos beneficios.

El siguiente es un extracto del decreto en mencion publicado el dia de hoy 14 de Mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federacion:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Los patrones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009, podrán cubrir en parcialidades el pago de las cuotas obrero patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo de los patrones, que se causen durante los meses de mayo y junio de 2009, correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales.

El pago en parcialidades a que se refiere el párrafo anterior será por el cincuenta por ciento del monto de las cuotas citadas en el mismo, disminuido previamente dicho monto, en todos los casos, con el veinte por ciento establecido en el primer párrafo del artículo segundo del decreto señalado en el párrafo que antecede.

Los patrones podrán acogerse al beneficio previsto en este precepto siempre que, dentro del plazo establecido en las disposiciones aplicables, cubran el resto de las cuotas que no sean objeto de dicho beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO. El pago en parcialidades a que se refiere el presente Decreto deberá calcularse y cubrirse conforme a lo siguiente:

I. El cincuenta por ciento de las cuotas señaladas en el primer párrafo del artículo anterior, una vez disminuidas con el veinte por ciento señalado en el segundo párrafo de dicho artículo, correspondientes a cada uno de los meses por los que se otorga el beneficio, se dividirá entre cinco.

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción que antecede correspondiente a cada uno de los meses por los que se otorga el beneficio, será el monto que se deberá pagar mensualmente, de la forma que a continuación se indica:

a) Por las cuotas causadas en el mes de mayo, las parcialidades se pagarán en cada uno de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009.

b) Por las cuotas causadas en el mes de junio, las parcialidades se pagarán en cada uno de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009.

Por cada mensualidad se cubrirán intereses, mismos que se calcularán sobre el saldo insoluto, aplicando una tasa fija del 6.5 por ciento anual.

III. El pago de la cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se deberá realizar a más tardar en las mismas fechas en que deban cubrirse las cuotas obrero patronales que deban pagarse en cada uno de dichos meses.

ARTÍCULO TERCERO. El pago extemporáneo de las cuotas obrero patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo de los patrones, que se causen durante el mes de abril de 2009, correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales, no dará lugar a la imposición de multas.

ARTÍCULO CUARTO. Los beneficios que se establecen en el presente Decreto se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá expedir los lineamientos operativos y demás disposiciones de carácter general que sean necesarios para la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna.

DECRETO DE BENEFICIOS FISCALES POR INFLUENZA

2009-05-07T17:09:00.000-07:00

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que la epidemia de influenza ocasionada por el virus denominado A/H1N1, que se presentó a finales de abril de 2009 en nuestro país, principalmente en el Distrito Federal y su área metropolitana, provocó la suspensión de actividades en diversos sectores productivos, así como una serie de medidas de aislamiento social instrumentadas para prevenir el contagio de la enfermedad, lo que tendrá un impacto significativo en la economía nacional;

Que experiencias mundiales recientes con epidemias similares indican que las mismas provocan una desaceleración abrupta de la actividad económica durante el episodio epidemiológico, en virtud de las medidas preventivas de aislamiento, y que esta actividad viene seguida de una recuperación vigorosa en los meses subsecuentes;

Que la actividad productiva también se ha visto perjudicada por el impacto negativo que genera entre la población y los actores económicos la incertidumbre ligada a este tipo de episodios, lo que ha alterado los patrones de consumo de la población, sobre todo tratándose de los sectores de esparcimiento, servicios y de turismo;

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, en caso de catástrofes sufridas por epidemias, el Ejecutivo Federal puede condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios;

Que la paralización de la actividad productiva tiene un impacto directo en los contribuyentes y en la preservación de las fuentes de empleo para todos los habitantes de la República Mexicana;

Que a fin de mitigar los efectos económicos ocasionados por la referida epidemia y contribuir a reactivar la economía del país, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima indispensable el otorgamiento de diversos beneficios fiscales;

Que en primer término se considera oportuno apoyar, durante el ejercicio fiscal de 2009, a los contribuyentes del impuesto empresarial a tasa única, a fin de que cuenten con mayor liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que se estima conveniente permitir que para los efectos del citado impuesto, cuando exista un excedente de dicha contribución derivado de los pagos provisionales realizados con anterioridad, el mismo se pueda aplicar contra el pago provisional del impuesto sobre la renta, permitiendo así que esos recursos sean aprovechados para el financiamiento de sus actividades productivas;

Que a fin de que los patrones resientan en menor medida el impacto económico originado por la referida epidemia, se considera conveniente eximirlos parcialmente hasta por el equivalente al veinte por ciento mensual del pago de la parte de las cuotas obrero patronales que se causen a su cargo y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el tercer bimestre de 2009, sin que dicha exención exceda de diecisiete mil quinientos pesos mensuales por empresa, por los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales, causadas;

Que si bien esta medida beneficiará a todas las empresas del país, con el objeto de que las principales beneficiarias sean las pequeñas y medianas empresas, se estima conveniente acotar el beneficio a un máximo de treinta y cinco mil pesos durante el bimestre indicado, lo que implica que más del noventa y cinco por ciento de las empresas del país recibirán el descuento completo del veinte por ciento;

Que uno de los sectores más perjudicados por las medidas aplicadas con motivo de la citada epidemia es el turístico, en particular, el relativo a la transportación marítima y aérea de personas, por lo que se considera necesario eximir parcialmente a las empresas responsables de las embarcaciones marítimas turísticas comerciales del pago de un monto equivalente al cincuenta por ciento de los derechos que se causen a su cargo por concepto de servicios migratorios extraordinarios, así como por el servicio de capitanía de puerto que presta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante los meses de mayo, junio y julio de 2009;

Que conforme a lo señalado, tratándose de las personas físicas o morales dedicadas a la transportación aérea de personas, se considera conveniente eximirlas parcialmente del pago de un monto equivalente al cincuenta por ciento de los derechos que se deban pagar a su cargo por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, durante el periodo de mayo a julio de 2009;

Que es indispensable que cualquier efecto negativo de la reciente epidemia de influenza sea revertido mediante el trabajo vigoroso y preciso, no sólo de la Federación, sino también de los gobiernos de las entidades federativas, a través del uso de los instrumentos fiscales del ámbito local, para lograr una verdadera acción integral y armoniosa de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno;

Que reconociendo el valor que para las economías locales tienen los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento y especialmente por la susceptibilidad de estas industrias a fenómenos epidemiológicos y sus consecuencias económicas, es prioritario apoyar con un subsidio fiscal a las entidades federativas que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, eximan de los impuestos de nómina y sobre hospedaje a los contribuyentes de estos sectores, con una compensación del veinticinco por ciento de la pérdida de ingresos que, durante los meses de mayo a julio de 2009, dichas medidas representen, y

Que es prioridad fundamental del Gobierno Federal, en ejercicio de las facultades indicadas, establecer acciones concretas que permitan la reactivación de la economía de manera homogénea en todo el territorio nacional y en aquellos sectores que son prioritarios para la generación de empleo y el bienestar general de la población, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Cuando los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única por acreditar en los términos del cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, sean mayores al monto del pago provisional de dicho impuesto correspondiente al periodo por el que se efectúa el cálculo, los contribuyentes podrán acreditar el excedente contra el pago provisional del impuesto sobre la renta que efectivamente deban pagar correspondiente al mismo periodo y hasta por el monto del pago provisional de este último impuesto. En este caso, el acreditamiento efectuado se considerará impuesto sobre la renta propio efectivamente pagado.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en el párrafo anterior no podrán acreditar en los términos del artículo 10, cuarto párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto de los pagos provisionales que de dicho impuesto se hubieran acreditado contra el impuesto sobre la renta.

Lo dispuesto en el presente artículo sólo se podrá aplicar contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta del mismo ejercicio en que se hayan generado los excedentes a que se refiere el primer párrafo de este precepto y por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se exime hasta por una cantidad equivalente al veinte por ciento mensual y un máximo total de treinta y cinco mil pesos, del pago de las cuotas obrero patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo de los patrones, que se causen durante los meses de mayo y junio de 2009, correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales, siempre que se cumpla con lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto del presente Decreto.

Cada patrón podrá aplicar el beneficio a que se refiere el párrafo anterior por un máximo mensual de diecisiete mil quinientos pesos por cada uno de los meses señalados en dicho párrafo.

ARTÍCULO TERCERO. Para aplicar el beneficio a que se refiere el artículo segundo de este Decreto, los patrones deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

II. No ser una entidad pública cuyas relaciones laborales se rijan por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni formar parte de las administraciones públicas de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios;

III. Tener inscritos a todos sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos de la Ley del Seguro Social, y

IV. No tener a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No se consideran como créditos fiscales firmes, los derivados del Sistema de Verificación de Pagos.

ARTÍCULO CUARTO. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá expedir los lineamientos operativos y demás disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del beneficio a que se refiere el artículo segundo del presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO. Se exime por una cantidad equivalente al cincuenta por ciento del pago de los derechos por servicios migratorios extraordinarios y de capitanía de puerto, a que se refieren los artículos 14-A, fracción I, inciso b) y 170 de la Ley Federal de Derechos, respectivamente, a cargo de las empresas de transporte responsables de las embarcaciones marítimas turísticas comerciales que arriben a los puertos del país, durante los meses de mayo, junio y julio de 2009.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre y cuando las empresas a que se refiere el párrafo anterior se encuentren al corriente en el pago de los derechos por servicios migratorios extraordinarios y de capitanía de puerto señalados en el párrafo que antecede, causados hasta el mes de abril de 2009.

ARTÍCULO SEXTO. Se exime por una cantidad equivalente al cincuenta por ciento del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a que se refiere el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, que deba pagarse a cargo de las personas físicas o morales dedicadas a la transportación aérea de personas, durante los meses de mayo, junio y julio de 2009.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre y cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior se encuentren al corriente en el pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano señalado en el párrafo que antecede, causado hasta el mes de marzo de 2009, así como en el pago que sea exigible al día 30 de dicho mes y año por los bienes que les haya entregado y los servicios que les haya prestado Aeropuertos y Servicios Auxiliares o el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S. A. de C. V.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se otorga un subsidio fiscal a las entidades federativas que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, eximan de los impuestos sobre nóminas y sobre hospedaje a los contribuyentes de los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento. El beneficio fiscal mencionado consistirá en una cantidad equivalente al veinticinco por ciento del monto que, las entidades federativas efectivamente otorguen en exenciones sobre los citados impuestos a los contribuyentes de los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento durante los meses de mayo, junio y julio de 2009.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos que sean necesarios para la aplicación del presente artículo. Los referidos lineamientos establecerán la mecánica para que las entidades federativas soliciten el subsidio señalado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO OCTAVO. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna.

ARTÍCULO NOVENO. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir los lineamientos y las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación de los beneficios a que se refieren los artículos primero, quinto y sexto del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

SEGUNDO. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá, de manera oportuna y suficiente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, los recursos financieros necesarios para cubrir los costos del beneficio a que se refiere el artículo segundo del presente Decreto.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA CFF Y LSAT

2009-05-07T12:03:00.000-07:00

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Miércoles 6 de mayo de 2009

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión , se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 132, primer párrafo y se adicionan los artículos 123, último párrafo; 130, tercer y cuarto párrafos, pasando los actuales tercer a séptimo párrafos, a ser quinto a noveno párrafos, respectivamente; 131, último párrafo y 144, tercer párrafo, pasando los actuales tercer a décimo segundo párrafos, a ser cuarto a décimo tercer párrafos, respectivamente, del Código Fiscal de la Federación , para quedar como sigue:

Artículo 123. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del recurso, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este Código.

Artículo 130. Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que haya efectuado el anuncio correspondiente, para presentarlas.

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia.

Artículo 131. La autoridad fiscal contará con un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de la interposición del recurso para resolverlo, en el caso de que el recurrente ejerza el derecho previsto en el último párrafo del artículo 123 de este Código.

Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento.

Artículo 144. Si concluido el plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal no ha sido resuelto el recurso de revocación, el contribuyente no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente sino, en su caso, hasta que sea resuelto dicho recurso.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 35 a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 35. En el caso de las resoluciones dictadas por los servidores públicos en procedimientos en los cuales se analicen y valoren documentos y pruebas aportadas por los particulares, inclusive en los procedimientos instaurados con motivo de la interposición de algún recurso administrativo de los previstos en las leyes de la materia, no procederá la imposición de sanciones por daño o perjuicio patrimonial, a menos que la resolución emitida:

I. Carezca por completo de fundamentación o motivación,

II. No sea congruente con la cuestión, solicitud o petición efectivamente planteada por el contribuyente, o

III. Se acredite en el procedimiento de responsabilidades que al servidor público le son imputables conductas que atentan contra la independencia de criterio que debió guardar al resolver el procedimiento de que se trate, es decir, que aceptó consignas, presiones, encargos, comisiones, o bien, que realizó cualquier otra acción que genere o implique subordinación respecto del promovente o peticionario, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., a 31 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Rosa Elia Romero Guzmán, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

IMPUESTOS A CORPORACIONES ESTADOUNIDENSES EN EL EXTRANJERO.

2009-05-07T09:23:00.000-07:00

SAN FRANCISCO (AP) -- Las empresas tecnológicas criticaron los planes de Barack Obama de cobrar impuestos a corporaciones estadounidenses en el extranjero, asegurando que ello proyectará un nubarrón negro en sus balances.

Aunque el aumento de los impuestos raramente es popular, la decisión de Obama de gravar los beneficios corporativos obtenidos fuera de Estados Unidos es un tema particularmente delicado para las empresas de alta tecnología, ya que ese sector ha aumentado paulatinamente sus ventas en el extranjero gracias a la creciente demanda de sus bienes y servicios.

Si la propuesta de Obama pasa a ser ley, las empresas más perjudicadas serán firmas clave como Hewlett-Packard Co., IBM Corp., Cisco Systems Inc., Microsoft Corp. y Google Inc. cada una de esas empresas obtuvo beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares gracias a los menores impuestos pagados en el extranjero en sus últimos años fiscales -- una ventaja que podría desaparecer si Obama logra gravar esas ganancias, ya que Estados Unidos es la segunda nación con los impuestos corporativos más caros del mundo.

"Sería como un sismo catastrófico para la alta tecnología", dijo Carl Guardino, director ejecutivo del Silicon Valley Leadership Group, una asociación industrial del sector. "En la escala de Richter del 1 al 10, este sería de un 12".

En conjunto, HP, IBM, Cisco, Microsoft y Google redujeron sus impuestos por una cifra combinada de 7.400 millones de dólares en sus últimos años fiscales al aprovechar las menores cargas fiscales cobradas fuera de Estados Unidos, según un análisis de The Associated Press.

A través de los años, estas cinco empresas han evitado pagar impuestos en Estados Unidos y en los países en que tienen filiales por una cifra combinada de 72.000 millones de dólares.

Aunque la propuesta de Obama quizá no declare imponible la totalidad de esa cifra, es probable que les despoje de una gran parte de ella. Obama cree que si plan -- de dudosa aprobación en el Congreso -- podría generar 210.000 millones de dólares en 10 años, unos 21.000 millones de dólares anuales.

Fuente: http://dinero.prodigy.msn.com/articulo.aspx?cp-documentid=19565862

EL SENADO CONGELA REFORMAS A LA LEY DE AMPARO.

2009-05-06T11:51:00.000-07:00

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Alta, Manlio Fabio Beltrones, señaló que por las inconformidades que se han suscitado, el Senado de la República rechazó aprobar las reformas al artículo 107 de la Constitución, que acotan los amparos fiscales, por lo que será hasta septiembre, en el nuevo periodo de sesiones, cuando se vuelva a retomar el tema y se integre un grupo de trabajo que analice todas las disposiciones y armonice una reforma integral de la Ley de Amparo (LA), con respecto a la vigente en otros países de América Latina.

Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en marzo pasado, establecen que las sentencias que surjan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los juicios de amparo, deberán ser aprobadas por cuando menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley fiscal, en caso contrario, se desestimarán los argumentos del demandante.

Los cambios que se pretenden, precisan que cuando un impuesto sea declarado inconstitucional, éste no tendrá efectos retroactivos; lo que significa que el fisco no hará devolución o compensación alguna.

Fuente: El Economista

APRUEBAN DIPUTADOS REFORMAS A LA LISR Y AL CFF

2009-05-06T11:24:00.000-07:00

Entre los sucesos actuales, el brote la influenza y todo este va y viene de informacion fiscal consecuencia de esta crisis mediatica en el pais no pudimos dejar al lado que el dia 21 de abril de 2009, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que inmediatamente se turnó a la Cámara de alta para continuar con el proceso legislativo previsto en nuestra Constitucion, de tal manera que los diputados han aprobado algunas modificaciones que impactan al contribuyente y a los asesores de la siguiente manera:

Codigo Fiscal de la Federación.

Declaraciones.

Reformar el artículo 32, a fin de establecer que las declaraciones complementarias sustituyen a la declaración presentada anteriormente, por lo que deben contener todos los demás datos requeridos en la declaración original y no solamente la información que se modifica.

Exportaciones.

Modificar el artículo 59, con la finalidad de que las presunciones contempladas en el mismo, también sean aplicables para la comprobación de la realización de los actos o actividades por los que se deba pagar contribuciones y, por ende, la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, así como establecer supuestos en los que se presuma que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional, independientemente de que cuente con el pedimento de exportación.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Previsión social.

Con los cambios a los artículos 8, 31 y 125 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se precisa que en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o, en su caso, de socios o miembros de sociedades cooperativas; no obstante, se considera conveniente eliminar la referencia a las personas morales, en virtud de que tales erogaciones tampoco se consideran previsión social cuando se realicen por personas físicas. Con ello, se prevén los requisitos necesarios para deducir los gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas se generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de la LISR y se otorguen a los socios cooperativistas.

Al respecto, se precisa que los ingresos exentos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorros establecidos por las empresas para sus trabajadores, siempre deberán reunir los requisitos de deducibilidad establecidos en el Título II, o en su caso, en el Título IV de la LISR, por lo que, también se elimina la referencia al término "subordinados" tratándose de los servicios personales, con la finalidad de no limitarlos y contemplar todos aquellos servicios que de facto ya en la actualidad se proporcionan por los miembros o socios de las distintas sociedades.
Asimismo, se ajusta la redacción del sexto párrafo del citado artículo 109, a efecto de que quede claro que los servicios personales a que el mismo se refiere, son los que realizan los trabajadores o, en su caso, los socios o miembros de las sociedades cooperativas.

Alimentos.

Se aclara mediante la reforma al artículo 109, fracción XXII, que únicamente se encuentran exentos los ingresos percibidos en concepto de alimentos por los adoptantes, adoptados, cónyuges, concubinos, padres, hijos, hermanos y parientes colaterales en su carácter de acreedores alimentarios, en términos del Libro Primero, Título Sexto, Capítulo II, del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas, advirtiendo que el régimen fiscal de exención de alimentos no fue diseñado para favorecer a los socios o integrantes de sociedades en nombre colectivo u otras personas morales o figuras jurídicas, ya que sus percepciones tienen una asociación indisoluble con la distribución de dividendos o utilidades que efectúan dichos entes, siendo incorrecto que los pagos a los socios o integrantes se simulen a través de la entrega de "alimentos".

Erogaciones superiores a los ingresos declarados.

Se aclara con la reforma al segundo y tercer párrafos del artículo 107, el alcance del término erogación contenido en dicho precepto, así como que la autoridad fiscal tiene facultad para determinar presuntivamente los ingresos omitidos en términos del citado artículo cuando no se haya presentado declaración.

Dividendos o utilidades.

En la fracción I del artículo 165, se prevé que los intereses que perciban los socios respecto de sus aportaciones dentro de una sociedad de responsabilidad limitada durante el inicio de operaciones, cuando así se estipule en el contrato social deben considerarse como dividendos o utilidades.

Aspectos que rechazó la Comisión

Participación en delitos fiscales. No coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de adicionar al CFF el artículo 109 Bis para prever sanciones para quien concierte, induzca, ayude o auxilie a los contribuyentes a la realización de los delitos de contrabando y su equiparable o defraudación fiscal y su equiparable, o a la presunción de estas conductas o hechos descritos en tal ordenamiento.

Fuente: Camara de diputados

Obviamente las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se centran a regular la funcion de las cooperativas como ya se ha visto en iniciativas anteriores y toda esta guerra mediatica y de temor en contra de las mismas.

Como ya sabemos en los ultimos meses se ha incrementado el uso de medios por parte de las autoridades fiscales para erradicar el uso y funcionamiento de estas sociedades, evitando el abuso de la interpretacion de las normas juridicas sustentables, actualmente las autoridades fiscales se han hecho a la tarea de promover por medio del titular de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a traves del Presidente de la Republica iniciativas de reforma a las Leyes fiscales a fin de poder proteger y auyentar al uso indiscriminado de estas sociedades.

ESTIMULOS FISCALES A EMPRESAS POR INFLUENZA.

2009-05-05T10:07:00.001-07:00

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció apoyos económicos emergentes a sectores productivos del país por 10 mil millones de pesos para ayudarlos a enfrentar la situación frente a la contingencia sanitaria para contener la propagación del virus de la influenza humana.

En rueda de prensa, informó que se apoyará también con medidas fiscales al sector empresarial equivalentes a 17 mil 400 millones de pesos e indicó que el impacto de la epidemia en México representa entre 0.3 por ciento y 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Precisó que los 17 mil 400 millones corresponden a medidas de orden fiscal y los 10 mil millones a créditos que otorgará la Banca de Desarrollo, principalmente al sector hotelero, restaurantes, servicios, de espectáculos y al sector de porcicultura.

Ante los secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, el secretario de Hacienda dijo que estas medidas son las adecuadas dada la contingencia sanitaria para enfrentar la epidemia del virus de influenza humana.

En el patio central de la Secretaría de Salud, agregó que "ante la actual emergencia que enfrenta el país el gobierno federal ha dispuesto de todas las herramientas a su alcance para hacerle frente decidido y oportuno a un factor fundamental en esta estrategia que es el reconstruir en lo inmediato la confianza en el país".

Destacó que para lograr lo anterior ha sido fundamental la fortaleza de las finanzas públicas, constituidas a lo largo de los últimos años, y lo convierte en un elemento imprescindible que garantiza los grados de libertad financiera para atender puntualmente la contingencia y proteger la salud de los mexicanos.

Carstens argumentó que debido a esta situación de contingencia sanitaria se estima una reducción en la actividad económica que a su vez tendrá un efecto negativo sobre la recaudación.

En el caso más extremo, dijo, se contempla una reducción de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento llevaría a una menor recaudación por 10 mil millones de pesos.

Entre las medidas fiscales que anunció el secretario de Hacienda para apoyar a empresas, principalmente a las medianas y pequeñas y las de los sectores más golpeados como servicios y comercio y el sector turismo, se otorgará un descuento de 20 por ciento a las cuotas patronales al IMSS.

Asimismo medidas fiscales para hoteles, restaurantes y empresas de esparcimiento, lo que dependerá de las disposiciones de cada estado en esta materia.

Para activar dichos sectores se propone dar descuentos en los impuestos de nómina a los hoteles y restaurantes, y a los turistas se les deduzca el impuesto de hospedaje.

Para apoyar a esos sectores con estas deducciones el gobierno federal compensará 25 por ciento de las pérdidas de ingresos asociadas a estas exenciones, para que se otorguen en los próximos tres meses.

En el sector de aviación se otorgará a las líneas aéreas un descuento de 50 por ciento a los derechos por los servicios a la navegación por el espacio aéreo mexicano, del 1 de abril a junio próximo, la única condición es que estén al corriente en el pago de los mismos.

Con el objeto de hacer más atractiva la visita de cruceros a México, Carstens informó que se eximirá a las embarcaciones de altura de este ramo de 50 por ciento del pago de derecho por los servicios de puerto y capitanía y del derecho por el servicio migratorio durante mayo, junio y julio.

Además, abundó, se destinará un fondo para la promoción al turismo por 200 millones de pesos el cual se incrementará si es necesario y los recursos servirán también para dar apoyos en esta materia a nivel regional y estatal.

Respecto a la Banca de Desarrollo, el secretario de Hacienda comentó que se estima dar créditos por unos 10 mil millones de pesos, y que se prevé incrementar acciones para que los acreditados cumplan con sus compromisos sin que se clasifique como cartera vencida.

Precisó que para apoyar al sector de porcicultores, Financiera Rural les ofrecerá restructura y renovaciones de crédito, situación que será similar para sus acreditados que ofrecen servicios turísticos y que tienen restaurantes y hoteles.

El titular de Hacienda puntualizó que lo anterior es en respuesta a la situación por la que atraviesa México y que por instrucciones del presidente Felipe Calderón se diseñaron estas medidas dirigidas a mitigar el impacto sobre la actividad económica.

Consideró que el factor principal que explica que se puede dar una rápida recuperación económica es que tras un evento epidemiológico la infraestructura productiva no se destruye, como ocurre con desastres naturales como inundaciones o terremotos.

En este contexto Carstens opinó que el repunte está ligado al fortalecimiento de los sectores más afectados.

Fuente: Noticieros Televisa.

Comunicado COPARMEX

2009-05-04T10:11:00.000-07:00

Estimado Socio:

Como es de su conocimiento, el día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por el cual se ordena la suspensión de labores en el sector productivo de todo el territorio nacional durante el periodo que comprende del 1º al 5 de mayo del presente año.

Conforme a este acuerdo, se autoriza dentro del sector privado a que en el plazo señalado anteriormente, continúen laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a al contingencia, los cuales son:

- Hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transporte y distribución de gas, servicios financieros, telecomunicaciones, medios de información, servicios hoteleros y restaurantes, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

La no observancia de esta medida, pudiera ocasionar la aplicación de medidas de apremio, tales como una multa, un arresto hasta por 36 horas e incluso la clausura definitiva o temporal de los establecimientos.

En Baja California, aun cuando no se han detectado casos derivados de la influenza porcina, el Gobierno, empresarios y los Baja Californianos en general, hemos adoptado las disposiciones de la propia Secretaría de Salud para contribuir a cabalidad con acciones de prevención ante ese evento epidemiológico.

En función de la información brindada enfáticamente por funcionarios del Gobierno del Estado, así como de la Federación hasta el día de ayer y derivado de una reunión de trabajo en la que participó Coparmex Mexicali, se concluyó que en el estado hasta el día 29 de Abril no se encontraba ningún caso de contagio por influenza.

El Centro Empresarial de Mexicali solicitó al Gobernador su interlocución ante la autoridad federal para reconsiderar y ponderar las repercusiones derivadas del acuerdo en la economía estatal.

Derivado de lo anterior, el día de hoy por la tarde, el Gobernador del Estado de Baja California mencionó ante los medios de comunicación, que recomendaba la suspensión de las actividades productivas en todo el Estado al mismo tiempo que exhortó a la iniciativa privada para que en caso de verse imposibilitados de suspender operaciones, se hiciera una reducción de actividades en la medida de lo posible con el fin de minimizar los riesgos de la propagación de la influenza porcina en Baja California, aumentando las medidas de prevención.

En razón de las argumentaciones expuestas y en función de las fases en los diversos procesos productivos, se recomienda a las empresas negociar y platicar con sus trabajadores, para que en su caso, se adopten de forma conjunta los acuerdos que permitan atender las disposiciones del Ejecutivo Federal y buscar la manera de recuperar el tiempo perdido en aquellas actividades que indubitablemente tengan que ser suspendidas.

Conscientes del impacto económico que implicará dicha medida gubernamental, Coparmex ha solicitado al Gobierno Federal la implementación de diversos estímulos fiscales y programas de apoyos financieros que permitan a las empresas una pronta recuperación económica.

Reiteramos el compromiso del sector empresarial de colaborar, dentro del ámbito de sus responsabilidades, a que la epidemia que hoy se presenta en nuestro país se erradique lo antes posible.

Atentamente

Lic. Ignacio Avilés Bustillos
Presidente del Consejo Directivo

DEPOSITA SAT DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR.

2009-04-28T19:32:00.000-07:00

México, 28 Abr (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició el depósito de la segunda emisión de devoluciones automáticas de saldos a favor del ISR a las personas físicas que presentaron correctamente su declaración anual 2008 entre el 4 y 12 de abril pasado.

Esta segunda emisión, que inició el viernes pasado, fue posible gracias al uso de los medios electrónicos y a la mejora de los procesos para la presentación de la declaración, y se autorizaron siete mil 122 devoluciones, cuyo monto asciende a más de 55 millones de pesos.

En un comunicado, el organismo recaudador informó que en promedio el importe que se devolverá por contribuyente es de siete mil 800 pesos, y el promedio de días en el que se efectuará el depósito es de 12.

Los contribuyentes pueden consultar en el portal de Internet del SAT las principales recomendaciones para que al momento de hacer su declaración anual, cumplan los requisitos necesarios para que, en su caso, proceda la devolución o corrijan alguna inconsistencia en caso de que no se les haya depositado.

Exhortó a los contribuyentes a no dejar para el último la presentación de la declaración anual.

Conviene recordar que el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual 2008 se amplió al 1 de junio próximo con el fin de evitar concentraciones en sus módulos del SAT ante el brote de influenza porcina.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el SAT ha puesto a su disposición la declaración prellenada que está disponible en el Portal de Internet.

Para mayor información, los contribuyentes pueden consultar el Portal del SAT disponible en www.sat.gob.mx, o llamar al 01 800 INFOSAT (46 36 728).

El 15 de abril pasado el SAT inició el depósito de las primeras devoluciones automáticas de saldos a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR) para aquellas personas físicas que presentaron correctamente su declaración anual a 2008 entre el 1 y 4 de abril.

Entonces, el Jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, informó que en esta primera remesa se depositaron 141.6 millones de pesos a 18 mil 092 contribuyentes, y estimó que en total se devolverían dos mil 800 millones de pesos.

SUSPENSION DE TERMINOS TFJFA

2009-04-28T10:31:00.000-07:00

Aviso Importante

ACUERDO G/SS-JGA/001/2009

Medidas para prevenir, controlar y combatir el Virus de Influenza Epidémica en el Tribunal durante el periodo de contingencia.

No correrán los plazos durante los días 27, 28, 29 y 30 de abril de 2009, en lo sucesivo el Periodo de Contingencia, en el Pleno, Primera y Segunda Secciones, de la Sala Superior del Tribunal, y en las siguientes Salas Regionales.

Boletín 002/2009: El TFJFA suspende parcialmente sus actividades.

Debido a la epidemia de influenza, la Sala Superior y la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) acordaron que, del 27 al 30 del mes en curso, no correrán los plazos en el Pleno, Primera y Segunda Secciones, de la Sala Superior del Tribunal ni en las 11 Salas Regionales Metropolitanas.

SUSPENDEN TERMINOS JUDICIALES

2009-04-28T10:16:00.000-07:00

El Consejo de la Judicatura Federal adopta medidas preventivas contra la influenza porcina, de acuerdo con las Secretarías de Salud y del Trabajo.

Proteger la salud de las personas y asegurar la continuidad de la impartición de justicia, el objetivo.

El Consejo de la Judicatura Federal informa que ante el brote epidemiológico del virus de influenza porcina, seguirá tomando todas las medidas pertinentes de prevención y en su caso de urgencia, para proteger la salud de las personas y al mismo tiempo asegurar la continuidad en la impartición de justicia y el servicio en las áreas administrativas.

Los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación no interrumpirán sus funciones, dada la naturaleza de los asuntos a su cargo, en especial en materia de amparo, por lo que continuarán prestando su servicio con toda regularidad.

Sin embargo, con la finalidad de que a los órganos jurisdiccionales sólo asistan quienes tengan real necesidad o urgencia de realizar algún trámite, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que no correrán los términos, del lunes 27 al jueves 30 de abril.

Conforme a las medidas establecidas por las Secretarías de Salud y del Trabajo, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió desde el pasado viernes 24 las actividades de los dos Centros de Desarrollo Infantil y de la estancia infantil de la Zona Metropolitana (guarderías), que permanecerán cerradas hasta el próximo 5 de mayo. También dispuso suspender el servicio de comedor y repartir cubrebocas entre el personal.

Determinó que los Tribunales y Juzgados federales, así como las áreas administrativas, están facultados para autorizar que no laboren las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia hasta el 5 de mayo y que, las que tengan hijos inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil puedan ausentarse de sus labores para atenderlos. Ha pedido especial comprensión por lo que respecta a posibles ausencias y solicitó a los padres de familia no llevar a sus hijos a los centros de trabajo.

Además, cuando los titulares adviertan que un trabajador presente los síntomas iniciales de este tipo de padecimiento o cualquier manifestación de vías respiratorias o incluso digestivas, deberán aislarlo y remitirlo de manera inmediata a la unidad de atención médica que corresponda.

Para prevenir posibles contagios se disminuyen al máximo las reuniones y eventos. Aún cuando los edificios del Poder Judicial de la Federación se encuentran dispersos en la Zona Metropolitana, se prevé que salvo en las actividades o procesos básicos, en las diversas áreas se establezca mayor flexibilidad en cuanto a asistencia, duración de jornadas, escalonamiento de éstas y horario para minimizar el contacto físico de personal, todo bajo la responsabilidad de sus titulares.

Se recomienda al Director del Instituto de la Judicatura la suspensión de cursos, exámenes, etc.

Estas medidas se aplican también en el Estado de México, San Luis Potosí, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Baja California.

Autoriza la suspensión de labores el día 4 de mayo en todo el país, sin perjuicio de las guardias que deban atender los asuntos urgentes en días inhábiles.

Se mantendrá informados a los servidores públicos respecto a los riesgos relacionados con la exposición al brote atípico, con suficiente explicación sobre los síntomas y las medidas preventivas.

El Poder Judicial de la Federación se mantiene atento a las recomendaciones que emitan las Secretarías de Salud y del Trabajo.

SERVICIOS SÓLO CON CITA

2009-04-27T18:10:00.000-07:00

Comunicado de prensa núm. 34/2009
México, D. F. 27 de abril de 2009

SERVICIOS SÓLO CON CITA

• Para realizar cualquier trámite se requiere una cita previa

El Servicio de Administración Tributaria informa que como una medida adicional en apoyo a las acciones que está tomando el Gobierno Federal, para evitar concentraciones, todos los servicios que se prestan en los Módulos de Servicios Tributarios, se brindarán únicamente con cita.

Los contribuyentes que requieran orientación personal en materia fiscal o realizar algún trámite de manera presencial, se les invita a que soliciten previamente una cita en www.sat.gob.mx o llamen a INFOSAT (01 800 46 36 728).

Se exhorta a los contribuyentes a utilizar Internet para realizar cualquier trámite o recibir servicios. También a través de este medio pueden ingresar al servicio de chat y al de orientación, donde pueden recibir la información y asesoría que requieran.

En caso de la Declaración Anual, se reitera que se amplió al 1 de junio el plazo para el cumplimiento de esta obligación, misma que también puede hacerse por Internet.

LO QUE NOS FALTABA!!

2009-04-27T10:17:00.000-07:00

SE AMPLÍA AL 1 DE JUNIO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL.

2009-04-27T10:07:00.000-07:00

Comunicado de prensa núm. 33/2009
México D. F., 24 de abril de 2009

SE AMPLÍA AL 1 DE JUNIO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que las personas físicas tienen hasta el 1
de junio para presentar la declaración anual del ejercicio 2008.

A los contribuyentes que aún no la hayan presentado, se les invita a cumplir esta obligación a través de Internet, utilizando la declaración pre llenada disponible en el Portal del SAT.

Si requieren asesoría para elaborar su declaración, en el Portal de Internet del SAT (http://www.sat.gob.mx/) los contribuyentes pueden consultar toda la información necesaria, ingresar al servicio de chat o al servicio de orientación. También pueden llamar INFOSAT (01 800 46 36 728) gratuito desde todo el país o ver los tutoriales en www.youtube.com/satmx.

Lo anterior como una medida preventiva, en concordancia con las acciones que está adoptando el Gobierno Federal en materia de salud, y a fin de evitar altas concentraciones de contribuyentes en los Módulos de Servicios Tributarios durante los últimos días de abril.

II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO TRIBUTARIO: Rentabilidad empresarial y economias de opcion.

2009-04-20T17:35:00.000-07:00

Reformas al CFF respecto de abogados y contadores.

2009-04-10T14:43:00.000-07:00

Mexicali, B.C., a 8 de abril de 2009

Estimados contadores y abogados considero de extrema importancia los temas tocados en días recientes respecto a las reformas constitucionales referente a los amparos en materia fiscal, me gustaría añadir las diversas iniciativas de ley que pretende el ejecutivo que se lleven a cabo respecto a los delitos en materia fiscal en la cual se encuentra nuestra profesión atentada en cuanto a su libre ejercicio en breve lo que pretende la autoridad es que no se de ningún consejo al contribuyente respecto de cual sería la mejor opción, contratos o acciones a llevar a cabo para disminuir lo mayor posible el pago de impuestos, el peligro esta que aún cuando estos consejos estén dentro del marco legal la autoridad los pretende reputar como defraudación fiscal, excusándose bajo la indebida aplicación de las cooperativas con las cuales podría estar o acuerdo en su aplicación pero el peligro estriba en que el delito encuadra para cualquier planeación u opción fiscal que se sugiera como profesionista.

Les hago llegar la iniciativa enviada por ejecutivo en la parte correspondiente para su difusión y análisis.

Iniciativas

DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

México, DF, a 27 de marzo de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Diputado César Horacio Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Código Fiscal de la Federación

C. Participación en delitos fiscales

La autoría y participación de los sujetos activos en los delitos fiscales se encuentra prevista en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación; no obstante, actualmente muchos contadores, abogados, agentes aduanales o cualesquiera otros profesionistas, técnicos o sus auxiliares, evaden la acción de la justicia sobre la excusa débil de la "reserva en la información o secreto profesional", o de que su intervención se limita a una sugerencia u opinión que puede o no ser tomada en cuenta por el contribuyente, buscando que su acción quede impune.

Dichas conductas constituyen un querer y entender el incumplimiento de obligaciones fiscales de carácter patrimonial, sea en la modalidad de acción omisiva o activa, por lo que tal incumplimiento al amparo de la opinión, sugerencia, inducción, ayuda o auxilio de esas personas, debe ser reprochado penalmente a efecto de salvaguardar como bien jurídico tutelado a la hacienda pública o al sistema tributario.

Así, se ha detectado que estos sujetos han propuesto a los contribuyentes, entre otros esquemas, la utilización de sociedades cooperativas –e inclusive los propios sujetos las constituyen– a efecto de aplicar de manera inadecuada el concepto de previsión social, como más adelante se explica.

Por lo anterior, se estima conveniente contar con un tipo penal específico que inhiba la participación de quienes con la calidad de contadores, abogados, agentes aduanales o cualquier otra profesión, técnica o auxiliar de éstas, concierten, induzcan, ayuden o auxilien a los contribuyentes a la realización de los delitos de contrabando o defraudación fiscal.

Lo anterior, con la aplicación de las mismas penas que se establecen para esos delitos.

Artículo 109 Bis. Será sancionado con las mismas penas de los delitos de contrabando o de defraudación fiscal quien, con la calidad de contador, abogado, agente aduanal o cualquier otra profesión, técnica o auxiliar de éstas, concierte, induzca, ayude o auxilie a los contribuyentes a la realización de los delitos de contrabando y su asimilación o defraudación fiscal y su asimilación, o a la presunción de estas conductas o hechos descritos en este Código.

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ
SOCIO DIRECTOR DE AMAYA SANCHEZ Y ASOCIADOS, S.C.
WWW.AMAYASANCHEZ.COM

Estamos Trabajando Para Mejorar Este Espacio

2009-04-03T18:44:00.000-07:00

La materia fiscal se encuentra en constante transformacion, este blog estuvo ausente algunas semanas por problemas tecnicos, mas sin embargo, empieza a funcionar normalmente el dia de hoy, pido disculpas a todos los seguidores del mismo, sabemos que el andar en esta materia no tiene descanso y que la misma exige estar en constante actualizacion, prometemos seguir con este proyecto y brindarle a usted lector los temas de mayor actualidad.

Nos estamos renovando a una nueva etapa, acompañanos.

Saludos.

Lic. Luis Alberto Sanchez Perez.

POSICIONAMIENTO DE LA ANADE COLEGIO DE ABOGADOS, A.C., EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 107 DE LA CPEUM

2009-04-03T10:44:00.000-07:00

AL EMPRESARIADO MEXICANO
A TODA LA ABOGACIA MEXICANA
A LA OPINION PÚBLICA

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C., EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

1. El pasado 10 de Marzo, los Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una iniciativa por la que se pretende adicionar un inciso a) al artículo 107 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos que, en el fondo, destruye el amparo individual contra leyes en materia fiscal.

2. A escasos 16 días naturales de que fue presentada la iniciativa, y sin haber realizado consulta alguna con la Sociedad Civil ni con sus instituciones, abordando una modificación a la esencia de la institución jurídica nacional más importante de México y por la que nuestro País es mundialmente conocido –el Juicio de Amparo-, el día jueves 26 de marzo de 2009, tal iniciativa de reformas fue dictaminada y votada a favor.

3. Los Diputados pretenden que su dictamen se presente al Pleno de la Cámara el próximo martes 31 de marzo, así como que se le dispense el trámite parlamentario de primera lectura –¡como si se tratase de un asunto urgente y de obvia resolución!- para que, de serles posible, se apruebe ese mismo día en segunda lectura, a efecto de que pase inmediatamente a la Cámara de Senadores, como revisora, para que se conduzca en forma similar, y que, de serles factible, lo mismo hagan luego las Legislaturas de todas las Entidades Federativas o, al menos, su mayoría.

4. Aduciendo “la necesidad de democratizar el juicio de amparo contra leyes fiscales”, formalmente la reforma propone que:

a. Las sentencias que resuelvan “los juicios de amparo” contra leyes en materia fiscal tengan efectos generales cuando aquellos se tramiten “de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y condiciones que señale la Ley” de Amparo.

b. Esos juicios sean resueltos en única instancia por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

c. “Las sentencias que se emitan en esos juicios” tengan “efectos generales”, siempre que para ello sean aprobadas declarando la inconstitucionalidad de las leyes reclamadas por cuando menos 8 votos (de 11 posibles), pero precisando que aun cuando la ley sea estimada inconstitucional por la mayoría de los señores Ministros en el Pleno, en caso de no lograrse tal votación cualificada “se desestimarán los argumentos materia del juicio y no podrán ser revisados sino por el propio Pleno, en los casos y plazos que determine la Ley”.

d. Aun en caso de que la ley fiscal de que se trate sea cualificadamente declarada inconstitucional, la ejecutoria “no tendrá efectos retroactivos”.

e. Las aludidas ejecutorias cualificadas “surtirán sus efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de la publicación de un extracto… en los términos que señale la ley” de Amparo.

f. Tales ejecutorias “dejarán sin efecto, en adelante, aquellas sentencias de amparo dictadas previamente y que se les contrapongan”.

g. Bajo ningún caso, supuesto ni motivo procederá la suspensión provisional ni definitiva de los efectos y consecuencias de los tributos reclamados “en los juicios de amparo con efectos generales”, y las suspensiones que se hayan decretado por cualquier Juez de Distrito dentro de todo y cualquier juicio individual en trámite al momento de promoverse aquellos otros, “serán revocadas por el Juez que las haya otorgado”.

5. Es un hecho históricamente demostrado que el juicio de amparo, principal medio de defensa contra la arbitrariedad y el abuso público de toda especie, ha estado y aún está a disposición de todo y cualquier mexicano, así como que ha protegido, protege y, de ser preservado, nos seguirá protegiendo. Así, la pretendida “necesidad de democratizar” el amparo no tiene sustento y trata de acabar con la eficacia del aludido medio de defensa de que los mexicanos disponemos contra todo abuso de autoridad y de arbitrariedad pública.

6. Materialmente, en lugar de “democratizar” el juicio constitucional, la reforma propone la destrucción del amparo individual contra leyes fiscales y la indefensión de todos los mexicanos dentro de un juicio constitucional colectivo.

En efecto:

a. La institución de los efectos generales del juicio de amparo –o erga omnes- de las ejecutorias cualificadas que hipotéticamente llegaren a declarar la inconstitucionalidad de las leyes fiscales, genera la indefensión de todos los gobernados contribuyentes mexicanos, por las siguientes razones:

a.1. La absoluta ausencia de libertad de los gobernados para decidir, independiente y autónomamente, si desean incorporarse a un juicio constitucional colectivo contra leyes fiscales;

a.2. La forzosa incorporación de todo contribuyente que contra leyes fiscales se queje de su inconstitucionalidad, sin posibilidad alguna de defenderse individualmente;

a.3. El que las leyes fiscales inconstitucionales sólo puedan declararse así cuando por lo menos 8 –de los 11- Ministros lo decidan, y el que materialmente se declare abolida toda posibilidad de declaración de inconstitucionalidad de las leyes fiscales que efectivamente lo sean, por con lo menos la mínima mayoría de 6 votos de los señores Ministros, como hasta ahora ocurre;

a.4. El que la estimación de inconstitucionalidad de las leyes fiscales reclamables por mayoría de 6 o 7 votos de los Ministros equivalga a perder el juicio, tal y como si los quejosos sólo hubieran obtenido 5, 4, 3, 2, 1 o cero votos favorables de los 11 posibles;

a.5. El que en una ley fiscal estimada inconstitucional por mayoría de hasta 7 Ministros se repute artificialmente constitucional y los argumentos relativos no puedan volver a estudiarse nunca sino tan sólo por decisión oficiosa del Tribunal Pleno de la Suprema Corte;

a.6. El que ninguna ejecutoria de amparo tenga efectos retroactivos y, por tanto, no motive la restitución a los quejosos ganadores, mediante la devolución de los tributos que hayan pagado en forma constitucionalmente indebida, aun cuando la ley fiscal reclamada sea declarada inconstitucional mediante la aludida votación cualificada;

a.7. El que la emisión de toda ejecutoria dentro de los pretendidos juicios colectivos forzados, sea que conceda o niegue el amparo, deje ipso iure sin efectos la cosa juzgada que derive de toda sentencia de protección individual previamente decretada en forma firme contra la ley fiscal reclamada; y, finalmente,

a.8. El que baste que se integre cualquier juicio colectivo forzado para que por ningún motivo proceda la suspensión de los efectos y consecuencias de la ley fiscal reclamada, así como para que toda suspensión ya concedida se revoque, tiene como consecuencia práctica inmediata:

No sólo que el amparo individual contra leyes fiscales se extinga en México, sino que también el propuesto “amparo colectivo” carezca absolutamente su eficacia y, por tanto, materialmente deje de proteger al Pueblo mexicano todo.

7. No podemos ni debemos permitir que eso suceda. De pasar la reforma, ya sin el instrumento fundamental de protección de los mexicanos contra cualquier arbitrariedad pública, se romperá el equilibrio que implica la división de Poderes y todo mexicano, contribuyente o no, será abiertamente vulnerable ante las determinaciones de las autoridades fiscales, carentes ya de todo contrapeso.

8. Todo esto amerita un gran debate nacional previo, donde como Sociedad analicemos y decidamos cómo en verdad fortalecer al Juicio de Amparo y no, en cambio, acerca de cómo destruirlo, a casi doscientos años de que lo creamos.

9. A diferencia de lo que piensan y pretenden los señores Diputados, no existe ninguna prisa y en cambio, algo tan importante, trascendente y grave no puede tratarse ni legislarse así.

10. México no merece este trato de parte de sus legisladores.

Atentamente:

LIC. ALVARO JESÚS ALTAMIRANO RAMÍREZ
PRESIDENTE NACIONAL

LIC. JESÚS ALFONSO SERRANO DE LA VEGA
COORDINADOR DEL COMITÉ DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y AMPARO

LIC. GIL ZENTENO GARCÍA
COORDINADOR DEL COMITÉ DE DERECHO
FISCAL

Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Colegio de Abogados, A.C.
TORCUATO TASSO N° 325 MEZZANINE
11570 MEXICO, D.F.
TEL. 5250 6780
anade@anade.org.mx
www.anade.org.mx

Diputados frenan excesos del amparo fiscal

2009-03-31T14:13:00.000-07:00

Diputados frenan excesos del amparo fiscal

México, 31 Mar (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia fiscal serán aplicables a todos los contribuyentes y no sólo a favor de la empresa o ciudadano que promovió el juicio de amparo.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó con 335 votos a favor y uno en contra la reforma al Artículo 107 de la Constitución, la cual fue calificada como "histórica" por legisladores del PAN y del PRI, ya que se modifica un precepto constitucional que no había sido cambiado en los últimos 150 años.

En tribuna el diputado federal César Camacho Quiroz, del PRI, expuso que la reforma busca actualizar y fortalecer en beneficio de todos los ciudadanos, el proceso del juicio de amparo en materia fiscal.

Argumentó que actualmente el promover un amparo contra leyes o disposiciones fiscales tiene un alto costo que solamente puede ser asumido por los grandes consorcios con despachos de especialistas, que son los únicos beneficiarios de las resoluciones favorables que emite la Corte.

De acuerdo con la reforma aprobada y turnada al Senado para su análisis, durante el periodo de 2002 a 2007, el porcentaje de contribuyentes promoventes de amparos contra leyes fiscales osciló entre dos y tres por ciento del total de contribuyentes registrados.

"De esa minoría, sólo aquellos que obtuvieron resultados favorables se beneficiaron de la protección constitucional, dejando al resto de los contribuyentes en desigualdad de circunstancias", señala la reforma aprobada.

La intención de esta reforma es extender los alcances del amparo fiscal para privilegiar el acceso a la justicia de todos los gobernados, mediante la ampliación del número de personas beneficiadas por las sentencias.

"Bajo la presente propuesta, en caso de que se declare una norma inconstitucional, su efecto será expulsarla del orden jurídico con el consecuente efecto respecto de los contribuyentes en general y no sólo a favor de los promoventes", añade.

La reforma plantea que el juicio de amparo contra los elementos esenciales de las contribuciones, esto es, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa previstos en una ley fiscal, se iniciaría de manera tradicional ante el juez de Distrito.

No obstante, una vez que el Poder Judicial haya detectado la existencia de un número considerable de demandas en el mismo sentido, se decretaría el trámite de amparo con efectos generales, designando uno o varios jueces instructores.

"Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y condiciones que señale la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución", destaca.

Se prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir las reformas a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional necesarias para la correcta aplicación del presente decreto, sin exceder el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

COMO DEBE MI EMPRESA ENFRENTAR EL 2009?

2009-02-04T13:32:00.000-08:00

CONFERENCIA AMAYA RABAGO - AMAYA SANCHEZ:

COMO DEBE MI EMPRESA ENFRENTAR EL 2009?

En celebracion del decimoquinto aniversario de la firma Amaya Rabago se llevo a cabo la conferencia magistral denominada "COMO DEBE MI EMPRESA ENFRENTAR EL 2009?" a cargo del C.P.C. Hector Amaya Rabago, C.P. y M.I. Hector Amaya Estrella, L.D. y M.D.F. Francisco Javier Sanchez Perez y L.D. Alberto Sanchez Lujan, quienes con su experiencia en el ramo profesional y de consultoria de empresas, y de sus trayectorias en las materias de la contabilidad, el derecho fiscal y el derecho laboral, brindaron sus consejos sobre como enfrentar el 2009 dentro de su empresa.

Agradecemos la asistencia a los participantes y a los clientes de dicha firma a tan memorable evento.

CONFERENCIA: COMO DEBE MI EMPRESA ENFRENTAR EL 2009?

2009-01-22T11:54:00.000-08:00

Dar Click En La Imagen...

Adolfo y su contador!!!

2009-01-20T18:04:00.000-08:00

¿PODRÁ MI EMPRESA REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE TERCEROS SIN QUE SE EXPIDA CHEQUE NOMINATIVO Y EL MONTO EXCEDA DE $2,000.000?

2009-01-20T11:36:00.000-08:00

Si esto es así ¿que requisitos se deben de cumplir?

En los últimos años los contribuyentes, comerciantes y empresarios, hemos tenido la problemática de que dentro de los requisitos de las deducciones fiscales se estableció la obligación del pago con cheque nominativo cuando el monto a pagar exceda de la cantidad de $2,000.00, situación que no siempre es fácil poder cubrir, ya que en ocasiones algunos gastos los realiza una tercera persona por nosotros, es decir un empleado o socio de la misma empresa.

Hay ocasiones en que los insumos u otras adquisiciones se pagan en efectivo por el giro del negocio o por la urgencia en que nos tenemos que mover, y en ocasiones se hace este movimiento sin el dinero de la empresa en ese momento, sin embargo el reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta previene esta situación de pago a través de tercero, y nos da la posibilidad de que un tercero realice dichos pagos y que este sea deducible, siempre y cuando se cumpla con el requisito de que se le extienda un cheque por esa cantidad a la persona que realizo el pago o en su caso se le haga una transferencia electrónica; no obstante lo anterior cabría la duda de que si lo que se adquirió tiene un valor mayor a $2,000.00 el tercero debió de haber pagado con cheque nominativo para que en su caso este sea deducible.

Afortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nos aclara esta situación y abre la posibilidad de que su empresa o negocio tenga una mejor y eficaz operación al no imponer tantas obligaciones a los contribuyentes, pues nos señala que con el solo hecho de contar con el comprobante fiscal y demostrar el pago hecho al tercero ya sea con cheque o transferencia bancaria, es suficiente para que dicho comprobante fiscal sea deducible.

PAGOS EFECTUADOS POR UN TERCERO A CUENTA DEL CONTRIBUYENTE.- SE PUEDEN REALIZAR MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL PROPIO CONTRIBUYENTE O MEDIANTE TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SIN QUE SEA UN REQUISITO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE OPERACIONES, QUE EL REGISTRO CONTABLE SE REALICE DE MANERA ESPECÍFICA.- El artículo 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el diverso 35 del Reglamento de la citada ley, establecen expresamente la posibilidad de que los pagos que se efectúen por un tercero a cuenta del contribuyente, se puedan efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito, sin que sea un requisito para la realización de este tipo de operaciones, que el registro contable se realice de alguna manera específica, ya que no existe disposición alguna que obligue a la contribuyente a registrar en su contabilidad de alguna manera en particular, los movimientos relativos a los pagos que realiza a un tercero que efectuó a su vez pagos a cuenta de la contribuyente; pudiendo destacarse que la ley permite este tipo de movimientos con la única limitación de que se cuente con la documentación comprobatoria que acredite dicho pago, sin que en ningún momento se establezca en la legislación fiscal como un requisito para la procedencia de este tipo de pagos, que se registren contablemente en la cuenta de acreedores y no de deudores; por lo que si la contribuyente acredita haber efectuado el pago al tercero mediante traspasos electrónicos de su cuenta bancaria a la cuenta del tercero, en los términos que establece el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es improcedente su rechazo. (19)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 938/07-13-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de noviembre de 2007, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. José Edgardo Rodríguez Sarabia.

R.T.F.J.F.A., Año I, Quinta Epoca, No. 6, Junio de 2008, p. 344, Criterio Aislado.

L.D. Francisco Javier Sanchez Perez

Socio Director de Amaya Sanchez y Asociados, S.C.

¿Qué debemos de entender por estrictamente indispensable?

2009-01-08T11:03:00.000-08:00

Estimados clientes y amigos por medio del presente les hago llegar los mejores deseos para este nuevo año 2009, esperando ver nuevas oportunidades y nuevos horizontes.

¿Qué debemos de entender por estrictamente indispensable?

¿Estamos seguros de que todos los gastos de nuestra empresa cumplen con estos requisitos?

Hoy en día las autoridades fiscales tiene la tendencia a no tomar en cuenta ciertos gastos basándose en que estos no son estrictamente indispensables, situación que ha puesto a varios contribuyentes a cuestionarse que se entiende por estrictamente indispensable y en que momento no estarían cumpliendo con este requisito de ley, anteriormente se tenia el criterio de que el concepto de estrictamente indispensable se cubría cuando el contribuyente lograba relacionar el gasto con la obtención del ingreso de su empresa.

Sin embargo en los últimos criterios sostenidos por los tribunales se ha declarado que tratándose de personas morales también debe de encontrarse la actividad por la cual se realizo el gasto dentro del objeto, para mejor entendimiento cito un ejemplo que sucedió en la vida real:

Sucede que una empresa vendedora de yates en la ciudad de Cancún, contacta a clientes de Europa y para poder lograr la venta decide traer a sus clientes a México para que vean los yates y los prueben y les ofrece trasladarlos en jets privados los cuales los arrenda, registrando estos gastos como deducibles, sin embargo cuando la empresa fue auditada la autoridad decidió que dichos gastos no eran deducibles, por no ser estrictamente indispensables, en razón de que en el objeto no se estableció la posibilidad de la empresa de arrendar bienes para llevar a cabo sus demás actividades.

¿Injusto? Claro que si, no obstante es importante revisar nuestras actas constitutivas para de ser necesario reacomodar el objeto y ampliarlo en su caso.

También suele suceder que este trabajo se lo dejamos a los notarios, que aún y con toda su experiencia en contratos y escrituras no logran abarcar de manera clara y precisa el área fiscal por ser esta un área muy especializada y compleja, así que preocupémonos por asegurarnos de que estamos asesorados por especialistas para cuidar mejor nuestro patrimonio.

GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE.- PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SU DEDUCCIÓN, DEBE ATENDERSE AL OBJETO SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE.- (LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2004).- En términos del artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cuatro, se establece entre otros, como requisito que las deducciones que establece el Capítulo II, de la referida ley, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, con la salvedad que el propio precepto establece.- En ese sentido, atendiendo a la disposición referida, resulta incuestionable que a efecto de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determine en el juicio de nulidad, si la deducción es estrictamente indispensable, debe atender cuál es el objeto social de la empresa, que se desprende del acta constitutiva, pues de esa manera tendrá los elementos suficientes para determinar, si el gasto erogado está relacionado directamente con la actividad de la empresa; si es necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta y que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. (105)

Juicio Contencioso Administrativo No. 9084/04-11-02-5.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 ° de agosto de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretario: Lic. Roberto Carlos Ayala Martínez.

R.T.F.J.F.A., Año VII, Quinta Época, No. 73, Enero de 2007, p. 2035, Criterio Aislado.

L.D. y M.D.F. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ

SOCIO DIRECTOR DE AMAYA SANCHEZ Y ASOCIADOS, S.C.

Feliz Navidad

2008-12-24T11:10:00.000-08:00

!FELIZ NAVIDAD!

Este es un mes donde debemos recordar la obra maravillosa de Jesús para con nosotros.

Que Dios te bendiga y tenga al pie de Su árbol, un obsequio para ti... que te obsequie el éxito anhelado.

De mi parte recibe un caluroso abrazo y los deseos para que en el año venidero sobreabunde la bendición de Dios en tu vida.